Declaración sobre la eutanasia

DOCUMENTO SOBRE
LA DISPOSICIÓN DE
LA PROPIA VIDA EN
DETERMINADOS SUPUESTOS:
DECLARACIÓN SOBRE
LA EUTANASIA
Elaborado por el Grupo de Opinión
del Observatori de Bioètica i Dret
Parc Científic de Barcelona
Barcelona, diciembre de 2003
OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET
Baldiri Reixac, 4-6
Torre D, 4rt
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es
http://www.bioeticayderecho.ub.es
http://www.bioeticayderecho.com
Imprimeix: Signo Impressió Gràfica, sa
C. Múrcia, 54 d, Pol. Ind. Can Calderon
08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona
Dipòsit Legal: B - 48.828 - 2003
5
PRESENTACIÓN
El Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret, con sede en el
Parc Científic de Barcelona, surgió como respuesta a la necesidad de
analizar científicamente y desde un punto de vista pluridisciplinar las
implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las biotecnologías y para
proponer después actuaciones concretas.
El Observatori de Bioètica i Dret se creó con la intención de participar
en el diálogo universidad-sociedad y con la finalidad de hacer oír su
voz en el conjunto de la sociedad y ante los organismos públicos, administrativos
y políticos que regulan y controlan las actividades de investigación
y la aplicación de las nuevas tecnologías. Ello requiere también
la voluntad de establecer relación con los medios de comunicación para
mejorar la calidad de la información. Por esta razón, el Grupo de Opinión
ha elaborado ya diversos Documentos sobre temas de actualidad
acerca de los cuales no existe una opinión unánime en la sociedad ni
en las diversas comunidades científicas implicadas.
En esta ocasión el Grupo presenta un Documento de opinión con la
voluntad de intervenir en el debate sobre la eutanasia, que se mantiene
a lo largo de los años y resulta de renovada actualidad con cada nuevo
caso divulgado por los medios de comunicación. El Grupo parte de que
el progresivo reconocimiento de la autonomía de las personas –y, por
tanto, también de los pacientes– debe culminar con la aceptación de
determinados supuestos de disposición de la propia vida y de que para
regularlos es necesaria una legislación específica.
En este tema, como suele suceder en bioética, se requiere una especial
disposición para el diálogo pluridisciplinar, que englobe los planteamientos
ético-filosóficos, los de la antropología cultural, los jurídicos
y los sociosanitarios, y que posea una fuerte base técnica y científica
aportada por aquellas disciplinas cuyas nuevas posibilidades desencadenan
el debate.
Para la elaboración de esta propuesta, el grupo ha sido coordinado
por una jurista, la Dra. María Casado, y un especialista en ética médica,
el Dr. Albert Royes, directora y secretario del Observatori de Bioètica
i Dret, y ha contado con las aportaciones interdisciplinares de los especialistas
que se relacionan en el anexo.

7
PREÁMBULO
El presente Documento trata sobre la disposición de la propia vida en
determinados supuestos, porque en la discusión acerca de la autonomía
de las personas siempre late, en último término, la cuestión de las circunstancias
en las que puede aceptarse la disponibilidad de la propia
vida. En efecto, la dignidad humana se invoca tanto para defender el
derecho a elegir libremente el momento de la muerte –derecho a morir
dignamente– como para oponerse, en su nombre, al reconocimiento de
este derecho. Evidentemente, tras este uso equívoco del término dignidad
subyacen distintas concepciones del ser humano, de la libertad y
del conjunto de los derechos humanos.
En los últimos tiempos las noticias relevantes sobre el problema de la
eutanasia han sido diversas. La más reciente ha sido la polémica suscitada
en Francia (septiembre de 2003) por el caso Humbert –una madre
que ayudó a morir a su hijo con la colaboración de un médico que preparó
las sustancias necesarias y para quien el fiscal ha pedido pena de
prisión–. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido
que tomar postura en este campo con ocasión de la demanda interpuesta
contra el Reino Unido por Diane Pretty (julio de 2002). Y, en
España, es de todos conocida la repercusión que en su día tuvo el caso
Sampedro.
No sólo en los medios de comunicación este debate es continuo y candente.
Frecuentemente se realizan encuestas de opinión que evalúan el
grado de aceptación de la eutanasia entre los ciudadanos y los profesionales
sanitarios, con el fin de analizar el interés de la opinión pública
en cuanto a la conveniencia de crear una regulación específica sobre el
tema. En todas ellas la aceptación de la regulación de la eutanasia es
absolutamente mayoritaria en una tendencia ascendente que se mantiene
desde hace décadas. Por otra parte, existen diversas recomendaciones
respecto de la eutanasia por parte del Consejo de Europa, que lleva
ocupándose del tema desde el año 19761. Sin embargo, por ahora tan
sólo dos países de nuestro entorno han regulado de manera específica
la eutanasia: Holanda (2001) y Bélgica (2002).
1 Resolución 613 (1976), Recomendación 779 (1976) y Recomendación 1418 (1999). Pueden
consultarse en www.coe.int
8
Desde siempre, los médicos han participado en la toma de decisiones
sobre el fin de la vida y actualmente se considera buena práctica limitar,
suspender o no instaurar tratamientos en determinadas circunstancias
aunque ello conlleve la muerte del paciente: es lo que suele
denominarse limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de tratamientos
o, simplemente, eutanasia pasiva2. El criterio médico que justifica
esas decisiones encuentra amparo tanto en las normas deontológicas
de la profesión como en la Ley básica 41/2002, de 14 de Noviembre,
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica e, incluso, en diversas
declaraciones de círculos de la bioética católica3. Este tipo de
medidas son práctica habitual en todos los hospitales; las toman los
médicos atendiendo a los intereses de los pacientes y, por lo general,
con el conocimiento y la anuencia de la familia. Además, de no hacerse
así se incurriría en mala práctica médica. En cualquier caso, lo que aquí
se quiere poner de manifiesto es que tales decisiones siguen siendo,
frecuentemente, una elección de los médicos, que actúan según su criterio
profesional y su concepción de lo que constituye la buena praxis.
El respeto a la libertad de la persona y a los derechos de los pacientes
ha adquirido una especial relevancia en el marco de las relaciones sanitarias,
ámbito en el que la autonomía de la persona constituye un elemento
central cuyas manifestaciones más evidentes se plasman en la
necesidad de suministrar información veraz a las personas enfermas y
de recabar su consentimiento, aunque no concluyen ahí.
La Ley General de Sanidad de 1986 inició un proceso de concreción de
los derechos fundamentales de las personas en el ámbito sanitario y, en
especial, del derecho a tomar decisiones sobre la propia salud. Desde
entonces, este proceso ha venido desarrollándose paulatinamente: mediante
la introducción de la exigencia del consentimiento informado,
con la aceptación de que las personas competentes pueden ejercer su
derecho a rechazar cualquier tratamiento o actuación sanitaria incluyendo
los llamados tratamientos de soporte vital, y a través de la promulgación
de normas que regulan los Documentos de voluntades
2 Cabré, Ll., Solsona, JF. y Grupo de trabajo de Bioética de la SEMICYUC, «Limitación del
Esfuerzo Terapéutico en Medicina Intensiva» en Medicina Intensiva 2002; 26(6): 304-331.
3 Un ejemplo del punto de vista católico se encuentra en la famosa alocución de Pío XII en el
Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Anestesiología en 1957.
9
anticipadas –cuestión ya tratada en otro Documento del grupo–. Ese
desarrollo debe seguir, dotando de contenido real a lo anterior y admitiendo,
además, la posibilidad de que el libre ejercicio de la autonomía
pueda concretarse también mediante la disposición de la propia vida en
determinados supuestos. Es decir, admitiendo lo que comúnmente se
denomina eutanasia activa voluntaria.
El debate sobre la legitimidad de la eutanasia debe ser abordado desde
un doble punto de vista: como una cuestión de respeto a la autonomía
de las personas y, a la vez, de solidaridad con quien sufre. La referencia
inicial en este debate es la tradicional invocación a la autonomía y la
dignidad de la persona, porque la eutanasia supone una decisión individual
y por definición autónoma. Asimismo, porque no se puede invocar
la lesión de los derechos de otros sujetos ya que, también por definición,
esa decisión afecta directamente sólo a dos partes: a quien la solicita
y a quien la realiza.
El Comité Nacional de Ética francés publicó en 2000 un informe4, en el
que modificaba las conclusiones y criterios que había sostenido al respecto
nueve años atrás5, para reconocer explícitamente que es aconsejable
revisar aquellas conclusiones a la luz del progreso de la técnica
médica y de la evolución de la sociedad desde entonces. Resulta importante
en sí mismo –y tiene repercusiones en la normativización de los
problemas de la bioética– el hecho de que un comité del prestigio y la
solvencia del francés sostenga que en menos de diez años las circunstancias
han evolucionado tanto que le obligan a revisar sus propios planteamientos.
Pero lo que interesa señalar ahora es la intención del citado
Comité de aportar elementos para esta reflexión a partir de la constatación
de la evolución de los hechos y de la necesidad de dar una respuesta
solidaria a un problema real de nuestra sociedad. La evolución
científica y técnica plantea nuevos problemas al ser humano; el alargamiento
de la vida en determinadas circunstancias no es considerado
como un bien por todas las personas y, en este caso, la voluntad del
sujeto debe ser tenida en cuenta. Ante esta situación –sin establecer
como un derecho la exigencia de la colaboración de un tercero para
4 CCNE , Avis sur la fin de vie, ârret de vie, euthanasie, de 27-I-00, París. Puede consultarse en
http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_063.htm
5 CCNE, Avis concernant la proposition de résolution sur l’asistance aux mourants…, de 24-
VI-91, París. Puede consultarse en http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_026.htm#deb
10
poner fin a la propia vida– el Comité invoca la solidaridad humana y la
compasión para tomar en consideración el hecho de que el ser humano
puede encontrarse en circunstancias tales que, aunque exista una regla
general de prohibición de colaborar en la muerte de otro, se deban tener
en cuenta excepciones.
Hablar en este contexto de compasión no supone entender este concepto
de forma paternalista, sino que apela a una concepción solidaria de
las relaciones entre los seres humanos, a una visión del problema que
acepte aperturas excepcionales para supuestos excepcionales. Y, además,
se trata de circunscribir el marco del acuerdo en conformidad con
una definición estricta del término, ligado a la solicitud del sujeto y al
cumplimiento de requisitos que garanticen la voluntariedad. Esta es una
buena vía para el acuerdo entre posiciones que de otra manera resultan
habitualmente enfrentadas.6
La confusión conceptual que aún subyace en el debate sobre la eutanasia
se halla, sin duda, estrechamente relacionada con la ambigüedad
existente en torno a los diferentes significados que se atribuyen a la
palabra eutanasia. El término se refiere, según algunos, a cualquier tratamiento
médico que acorte la vida de un enfermo y también se asocia
con el acto de dejar que las personas se mueran. Para otros, equivale al
homicidio por compasión, o bien al homicidio en interés de la víctima.
Para algunos se identifica con el homicidio a petición del que muere y
el auxilio al suicidio. Y también hay quienes lo entienden como la acción
de acabar con la vida de las personas no deseadas, o como la de
provocar la muerte de los que sufren.
Esas diferentes acepciones del término eutanasia, con valoraciones éticas
y jurídicas distintas e incluso divergentes, en las que además se
mezclan sin distinción las definiciones descriptivas con las prescriptivas,
traen como consecuencia que no resulte nada evidente de qué se está
discutiendo cuando se debate acerca de la eutanasia. La gran variedad
6 En este mismo sentido se ha manifestado recientemente el presidente de la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos (SECP), tradicional valedora de éstos como la alternativa a la eutanasia,
al reconocer que (…) No obstante, el enfoque paliativo puede no satisfacer las necesidades
de algunos pacientes. En estos casos, ante una solicitud de eutanasia, sería necesario un
debate sereno sobre algún tipo de regulación que tuviera como ejes fundamentales el sufrimiento
humano y un profundo respeto a la decisión de cada persona. El País, 28 de octubre de
2003.
11
de significados que aporta la pluralidad de definiciones elaboradas para
distinguir entre las diferentes clases de eutanasia –con la distinción entre
eutanasia activa y pasiva, directa e indirecta, y voluntaria, no voluntaria
e involuntaria–, han acabado dando a luz una tipología que no ayuda
a obtener criterios de decisión en los casos concretos. Al no ser estas
clasificaciones aplicables a todas las diferentes definiciones de eutanasia,
y al ser susceptibles de combinarse entre sí, su uso ha acabado generando
una complejidad terminológica que dificulta aún más la
discusión de los diferentes problemas que subyacen en la llamada cuestión
de la eutanasia.
La eutanasia es una acción que abarca dos actos, cada uno de los cuales
tiene un protagonista distinto. En el primero, el protagonista es el enfermo
que padece una enfermedad grave que conduciría necesariamente
a su muerte o que le causa padecimientos permanentes y difíciles de
soportar y es quien toma la decisión, éticamente legítima, de poner fin
a su vida de manera apacible y digna. Este enfermo goza de voluntad
libre, o la tuvo cuando suscribió un documento de voluntades anticipadas.
Este primer acto es verdaderamente básico y, a su vez, es el fundamento
del segundo.
El segundo acto consiste en la intervención médica que proporciona la
muerte de forma rápida, eficaz e indolora y, en efecto, carecería de legitimidad
si no se puede verificar la existencia del primero. Pero resulta
necesario, porque hace efectiva la libre decisión del enfermo. Para
que se cumpla esa voluntad de buena muerte se precisa la ayuda del
médico, puesto que, de acuerdo con los conocimientos actuales, habrá
que prescribir fármacos y administrarlos correctamente. Y la razón de
que se requiera esa intervención médica es de carácter práctico, ya que
el conocimiento profesional es el que asegura que la muerte acaecerá
de la manera apacible que se pretende.
La objeción de conciencia del personal sanitario debe ser respetada pero,
como cualquier otro derecho, debe cumplir unos determinados requisitos.
El límite esencial es que nunca el ejercicio del derecho a la objeción
de conciencia por un profesional sanitario puede suponer perjuicio
para el paciente. Además, la objeción de conciencia, como derecho derivado
de la libertad ideológica, es un derecho individual y nunca puede
ser ejercido por una institución –centros de salud, hospitales…–. Es
12
de resaltar que –como ha sostenido el Tribunal Constitucional en su
STC 106/1996, de 12 de junio–, los centros sanitarios no pueden invocar
un ideario propio como derecho a ponderar frente a otros derechos
tutelados. Los centros sanitarios están obligados, en todo caso, a prescribir
y proporcionar los servicios y prestaciones que reconozca el sistema
de salud.
La argumentación que sostiene la libre decisión del enfermo es la autonomía
moral. No sería legítima una ley que tratara de imponer la eutanasia
a todos los enfermos incurables y dolientes, pero sí lo es una ley
que la admita bajo determinados supuestos bien precisos e incluya las
cautelas necesarias para prevenir posibles vicios en cualquiera de los
dos actos que concurren en ella.
Las acciones de provocar o colaborar en la terminación de la vida del
paciente a su requerimiento que se han descrito anteriormente son las
que en este Documento se consideran legítimas, por más que otras interpretaciones
del derecho constitucional a la vida concluyan que ese
derecho incluye el deber de seguir viviendo en cualquier caso. El Estado
puede proteger la vida, pero no imponer el deber de vivir en todas
las circunstancias. El reconocimiento del derecho a la vida tiene en
nuestro ordenamiento una vocación garantista: frente al Estado y frente
a los demás ciudadanos. No se trata de un derecho absoluto: el derecho
a la vida puede entrar en colisión con otros derechos y debe ser ponderado.
A la luz de la Constitución, y desde un punto de vista estrictamente
jurídico, no es posible situar en todos los casos el derecho a la vida
por encima del de la libertad del individuo. Hay que tener en cuenta
que la ley penal debe acomodarse a los principios constitucionales, ya
que estos principios son los que establecen los bienes jurídicos
merecedores de la tutela penal. La concepción del derecho a la vida que
implica el mantenimiento de ésta incluso en contra de la voluntad de su
titular, debe ceder paso a concepciones más acordes con el respeto al
derecho de autodeterminación de las personas y con el carácter laico
del Estado. Las garantías siempre se establecen a favor de quien ostenta
el derecho y no en su contra: el derecho a la vida lleva aparejado el
deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia
voluntad en condiciones penosas.
13
De ahí la propuesta de que se regule en España la eutanasia –entendida
como activa y voluntaria, que es a lo único a lo que propiamente debería
llamarse eutanasia–, mediante la promulgación de una norma específica
y pormenorizada que permita la colaboración del médico en la
disposición de la propia vida en determinadas circunstancias.
No obstante, hay que señalar que la propuesta del presente Documento
tiene como eje la autonomía. El deber general de respeto por el paciente
se manifiesta de manera especial en la aceptación de su autonomía, y
rige también para los menores de edad. No se puede olvidar que el mejor
interés del menor es el principio rector de cualquier normativa al
respecto. Las normas jurídicas no pueden imponer unos límites fijos
donde la naturaleza establece un proceso continuado, como es el crecimiento;
hacerlo, supondría una falta de realismo en un área en la que el
derecho demuestra ser sensible al desarrollo humano y al cambio social.
Es de resaltar que la patria potestad debe ser ejercida siempre en
beneficio de los hijos (Art. 154 del Código Civil) y que las reglas que
regulan las relaciones paterno-filiales no deben interpretarse de forma
que priven al menor del ejercicio de sus derechos fundamentales (Art.
162 del Código Civil). Por otra parte, en algunos tipos penales se admite
la validez del consentimiento –entendido como «capacidad natural
de consentir»– desde los 13 años, aunque no se tenga la mayoría de
edad civil o política.
Los casos en los que las personas carecen de autonomía quedan fuera
de esta propuesta. Los niños, los incapaces y todos aquellos que no
hubieran manifestado anteriormente su voluntad, por no poder o no
querer hacerlo, plantean problemas específicos y separados que deberían
ser tratados de forma distinta ya que ninguno de estos supuestos
puede resolverse acogiéndose a la necesidad de respetar la libertad de
la persona en la toma de decisiones sobre su propia vida. La importancia
y la complejidad de estos casos –como se pone de manifiesto en las
unidades de neonatos y en las de medicina intensiva– aconsejan un tratamiento
diferenciado que este Grupo de Opinión se propone abordar
en su momento.

15
DECLARACIÓN
Teniendo en cuenta que la posibilidad de disponer de la propia vida en
determinadas circunstancias es un tema clásico de la ética, la bioética y
los derechos humanos sobre el que aún no existe una conceptualización
precisa.
Teniendo en cuenta que el debate sobre la eutanasia resurge en la opinión
pública con cada nuevo caso que es divulgado por los medios de
comunicación.
Teniendo en cuenta que existen una gran confusión e imprecisión
terminológicas que dificultan el debate mismo y el acuerdo en torno a
la cuestión de la eutanasia.
Teniendo en cuenta que, aunque las opiniones y valoraciones sobre la
eutanasia y su moralidad sean dispares, existe un consenso social favorable
a no castigarla.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la medicina es aliviar el
sufrimiento de los enfermos mediante el uso de los medios más adecuados
en cada caso.
Teniendo en cuenta que existe el imperativo moral de evitar el sufrimiento
innecesario e indeseado y que castigar la eutanasia es prolongar
inmoralmente el sufrimiento.
Teniendo en cuenta que la prohibición de la eutanasia conlleva la clandestinidad
de conductas que no son ni moral ni socialmente reprochables
y que genera situaciones de injusticia y de sufrimiento.
Teniendo en cuenta que el respeto a la autonomía de la persona es un
derecho que adquiere cada vez mayor relevancia y alcance en el ámbito
de la sanidad.
Teniendo en cuenta que la eutanasia debe ser abordada no sólo desde el
respeto a la autonomía de las personas sino como una cuestión de solidaridad
con quienes la solicitan.
16
Teniendo en cuenta que el Estado debe proteger la vida pero no imponer
a las personas el deber de vivir en condiciones penosas en contra de
sus deseos y convicciones más íntimas.
El Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret propone las
siguientes
RECOMENDACIONES
1. El legislador debe regular los requisitos y procedimientos para que
la disposición de la propia vida en determinados supuestos pueda llevarse
a cabo en nuestro país.
Para ello se ha de introducir una legislación específica que permita la
práctica de la eutanasia en cuanto acción médica a petición seria, expresa,
inequívoca y reiterada de la persona afectada.
2. La Ley ha de precisar con claridad el papel del médico respecto de
toda petición de eutanasia que reúna los requisitos que ella misma
establezca y en la puesta en práctica de dicha petición.
Compete al médico el control del cumplimiento de las condiciones clínicas
que se establezcan para la eutanasia, así como el seguimiento de
la actuación para asegurar que el paciente pueda morir de forma rápida
e indolora. La práctica del procedimiento eutanásico puede ser efectuada,
no obstante, además de por el médico, por el propio enfermo o por
alguno de sus allegados.
Se ha de respetar el derecho a ejercer la objeción de conciencia por
parte del médico u otro profesional sanitario directamente implicado en
un procedimiento eutanásico. En todo caso, la ley debe garantizar el
derecho de los enfermos a disponer de la propia vida en los supuestos
instituidos.
17
3. Ha de aceptarse la validez de la petición de eutanasia hecha mediante
un Documento de Voluntades Anticipadas o manifestada por
el representante designado en el mismo documento.
Cuando un Documento de Voluntades Anticipadas contenga esta petición,
ha de ser considerada vinculante, pues reúne el requisito de ser
una manifestación fehaciente de la voluntad de alguien competente que
ha establecido previsiones respecto a su propia muerte, como ya se puso
de manifiesto en el Documento sobre las voluntades anticipadas elaborado
por este Grupo de Opinión (junio de 2001). A fin de confirmar esta
voluntad, deberá constatarse que el correspondiente Documento de voluntades
anticipadas no ha sido revocado por su otorgante.
4. La ley deberá respetar la autonomía de los menores atendiendo a
su grado de madurez.
Dado que la normativa más reciente es sensible al problema que supone
establecer límites fijos a los procesos vitales –que de suyo son evolutivos–
y reconoce el derecho de los menores a tomar decisiones sobre su
salud, es necesario aceptar una petición de eutanasia proveniente de un
menor maduro. Sería razonable aceptar la pauta –ya reconocida en diversas
ocasiones y lugares– de que los mayores de 16 años puedan decidir
por sí mismos, con el requisito de que los padres sean oídos y se
involucren en la decisión; y en lo que respecta a los menores de entre
12 y 16 años, la aceptación por los padres de la decisión del menor ha
de ser un requisito imprescindible.
5. Los poderes públicos deberán propiciar la extensión de cuidados
especializados específicos a fin de que todas las personas tengan acceso
a ellos y el proceso de morir se desarrolle con dignidad.
Esto implica favorecer los cuidados paliativos y domiciliarios de forma
que sean una posibilidad real al alcance de toda la población en tanto
que derecho de los pacientes. Conviene subrayar que, pese a esto, seguirán
existiendo peticiones de eutanasia que deben ser atendidas.
18
RELACIÓN DE MIEMBROS DEL GRUPO DE OPINIÓN
DEL OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET
QUE HAN ELABORADO ESTE DOCUMENTO
María Casado
Directora del Observatori de Bioètica i Dret y del Máster en Bioética y
Derecho. Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Universitat de Barcelona.
Albert Royes
Secretario del Observatori de Bioètica i Dret y Profesor de Ética Médica.
Universitat de Barcelona.
Pilar Antón
Profesora Titular de Ética y Legislación de l’Escola Universitària
d’Infermeria. Universitat de Barcelona.
Manuel Atienza
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universitat d’Alacant.
Anna Badia
Catedrática de Derecho Internacional Público. Universitat de Barcelona.
Lydia Buisan
Médica. Jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Consorci
Hospitalari de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat.
Maria Jesús Buxó
Catedrática de Antropología. Universitat de Barcelona.
Lluís Cabré
Médico. Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Barcelona
y Secretario de la Asociación de Bioética y Derecho.
Camilo José Cela Conde
Catedrático de Filosofía Moral. Universitat de les Illes Balears.
19
Mirentxu Corcoy
Catedrática de Derecho Penal. Universitat de Barcelona.
Josep Egozcue
Catedrático de Biología Celular. Universitat Autònoma de Barcelona.
Roser González-Duarte
Catedrática de Genética. Universitat de Barcelona.
Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universitat
de València.
Itziar Lecuona
Licenciada en Derecho y Becaria de Investigación. Universitat de Barcelona.
Florencia Luna
Presidenta de la Asociación Internacional de Bioética y Directora del
Área de Bioética de la FLACSO, Argentina.
Mª Cruz Martín Delgado
Médica intensivista. Asociación de Bioética y Derecho.
Joaquim Martínez-Montauti
Médico. Coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de
Barcelona.
Víctor Méndez Baiges
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universitat
de Barcelona.
María Jesús Montoro
Catedrática de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona.
Mónica Navarro
Profesora de Derecho Civil. Universitat de Barcelona.
Jaime Peris
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Murcia.
20
Daniel Ramon Vidal
Catedrático de Tecnología de los Alimentos. Universitat de València.
Coral Rodríguez-Fouz
Licenciada en Medicina. Asociación de Bioética y Derecho.
Ana Rubio
Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universidad
de Granada.
Alfonso Ruiz Miguel
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Sádaba
Catedrático de Ética. Universidad Autónoma de Madrid.
Ana Sánchez Urrutia
Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universitat de Barcelona.
Ramon Valls
Catedrático de Filosofía. Universitat de Barcelona.
Rodolfo Vázquez
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Nacional Autónoma
de México.
Anna Veiga
Jefe de la Sección de Biología. Servicio de Medicina de la Reproducción.
Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
Carmina Virgili
Catedrática de Geología. Universidad Complutense de Madrid.
DOCUMENT SOBRE
LA DISPOSICIÓ DE
LA PRÒPIA VIDA EN
DETERMINATS SUPÒSITS:
DECLARACIÓ SOBRE
L’EUTANÀSIA
Elaborat pel Grup d’Opinió de
l’Observatori de Bioètica i Dret
Parc Científic de Barcelona
Barcelona, desembre de 2003
OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET
Baldiri Reixac, 4-6
Torre D, 4rt
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es
http://www.bioeticayderecho.ub.es
http://www.bioeticayderecho.com

23
PRESENTACIÓ
El Grup d’Opinió del CER Observatori de Bioètica i Dret, amb seu al
Parc Científic de Barcelona, va sorgir com a resposta a la necessitat
d’analitzar científicament i des d’un punt de vista pluridisciplinari les
implicacions ètiques, socials i jurídiques de les biotecnologies i per
proposar després actuacions concretes.
L’Observatori de Bioètica i Dret es va crear amb la intenció de participar
en el diàleg universitat-societat i amb la finalitat de fer sentir la
seva veu en el conjunt de la societat i davant dels organismes públics,
administratius i polítics que regulen i controlen les activitats d’investigació
i l’aplicació de les noves tecnologies. Això també requereix la
voluntat d’establir relació amb els mitjans de comunicació per millorar
la qualitat de la informació. Per aquesta raó, el Grup d’Opinió ja
ha elaborat diversos documents sobre temes d’actualitat sobre els quals
no hi ha una opinió unànime en la societat ni en les diverses comunitats
científiques implicades.
En aquesta ocasió el Grup presenta un document d’opinió amb la voluntat
d’intervenir en el debat sobre l’eutanàsia, que es manté al llarg
dels anys i que resulta d’actualitat renovada amb cada nou cas divulgat
pels mitjans de comunicació. El Grup parteix del fet que el reconeixement
progressiu de l’autonomia de les persones –i, per tant, també
dels pacients– ha de culminar amb l’acceptació de determinats supòsits
de disposició de la pròpia vida i que per regular-los és necessària
una legislació específica.
En aquest tema, com sol passar en bioètica, cal una disposició especial
per al diàleg pluridisciplinari, que englobi els plantejaments
eticofilosòfics, els de l’antropologia cultural, els jurídics i els
sociosanitaris, i que tingui una base tècnica i científica forta aportada
per aquelles disciplines les noves possibilitats de les quals desencadenen
el debat.
Per a l’elaboració d’aquesta proposta, el Grup ha estat coordinat per
una jurista, la Dra. María Casado, i un especialista en ètica mèdica, el
Dr. Albert Royes, directora i secretari de l’Observatori de Bioètica i
Dret, i ha comptat amb les aportacions interdisciplinàries dels especialistes
que consten en l’annex.

25
PREÀMBUL
Aquest document tracta sobre la disposició de la pròpia vida en determinats
supòsits, perquè en la discussió sobre l’autonomia de les persones
sempre batega, en últim terme, la qüestió de les circumstàncies en
què es pot acceptar la disponibilitat de la pròpia vida. En efecte, la dignitat
humana s’invoca tant per defensar el dret a elegir lliurement el
moment de la mort –dret a morir dignament– com per oposar-se, en
nom seu, al reconeixement d’aquest dret. Evidentment, darrere d’aquest
ús equívoc del terme dignitat hi ha subjacents diferents concepcions de
l’ésser humà, de la llibertat i del conjunt dels drets humans.
En els darrers temps hi ha hagut diverses notícies rellevants sobre el
problema de l’eutanàsia. La més recent ha estat la polèmica suscitada a
França (el setembre de 2003) pel cas Humbert, quan una mare va ajudar
a morir el seu fill amb la col•laboració d’un metge que en va preparar
les substàncies necessàries i per a qui el fiscal ha demanat pena de
presó. Així mateix, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha hagut de
prendre posició en aquest camp en ocasió de la demanda interposada
contra el Regne Unit per Diane Pretty (el juliol de 2002). I, a Espanya,
és prou coneguda per tothom la repercussió que va tenir al seu dia el
cas Sampedro.
Aquest debat no sols és continu i candent en els mitjans de comunicació.
Sovint es fan enquestes d’opinió que avaluen el grau d’acceptació
de l’eutanàsia entre els ciutadans i els professionals sanitaris, a fi d’analitzar
l’interès de l’opinió pública quant a la conveniència de crear-ne
una regulació específica. En totes, l’acceptació de la regulació de l’eutanàsia
és absolutament majoritària en una tendència ascendent que es
manté des de fa dècades. D’altra banda, respecte de l’eutanàsia, hi ha
diverses recomanacions del Consell d’Europa, que s’ocupa del tema
des de l’any 19761. No obstant això, per ara, només dos països del nostre
entorn han regulat de manera específica l’eutanàsia: Holanda (2001)
i Bèlgica (2002).
Des de sempre, els metges han participat en la presa de decisions sobre
la fi de la vida i, actualment, es considera una bona pràctica limitar,
1 Ressolució 613 (1976), Recomanació 779 (1976) i Recomanació 1418 (1999). Poden consultar-
se a www.coe.int
26
suspendre o no instaurar tractaments en determinades circumstàncies,
encara que això comporti la mort del pacient: és el que se sol denominar
limitació de l’esforç terapèutic, limitació de tractaments o, simplement,
eutanàsia passiva.2 El criteri mèdic que justifica aquestes decisions
troba empara tant en les normes deontològiques de la professió com en
la Llei bàsica 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de l’autonomia
del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i de documentació
clínica i, fins i tot, en diverses declaracions de cercles de la
bioètica catòlica3. Aquest tipus de mesures són una pràctica habitual en
tots els hospitals; les prenen els metges atenent els interessos dels pacients
i, generalment, amb el coneixement i el consentiment de la família.
A més, si no es fes així s’incorreria en una mala pràctica mèdica. En
tot cas, el que aquí es vol posar de manifest és que decisions com aquestes
continuen sent, sovint, una elecció dels metges, que actuen segons el
criteri professional i la concepció que tenen del que constitueix la bona
praxi.
El respecte a la llibertat de la persona i als drets dels pacients ha adquirit
una rellevància especial en el marc de les relacions sanitàries, àmbit
en què l’autonomia de la persona constitueix un element central, les
manifestacions més evidents del qual es plasmen en la necessitat de
subministrar informació veraç a les persones malaltes i de demanarlos-
en el consentiment, però que no conclouen aquí.
La Llei general de sanitat de 1986 va iniciar un procés de concreció
dels drets fonamentals de les persones en l’àmbit sanitari i, en especial,
del dret a prendre decisions sobre la pròpia salut. Des de llavors, aquest
procés s’ha desenvolupat gradualment: mitjançant la introducció de
l’exigència del consentiment informat, amb l’acceptació que les persones
competents poden exercir el dret a rebutjar qualsevol tractament o
actuació sanitària, incloent-hi els tractaments anomenats de suport vital,
i a través de la promulgació de normes que regulen els documents
de voluntats anticipades –qüestió que ja s’ha tractat en un altre document
elaborat pel Grup. Aquest desenvolupament ha de continuar i ha
de dotar de contingut real el que s’ha dit fins ara, i ha d’admetre, a més,
2 Cabré, Ll., Solsona, JF. i el Grup de treball en Bioètica de la SEMICYUC, “Limitación del
Esfuerzo Terapéutico en Medicina Intensiva” a Medicina Intensiva 2002; 26(6): 304-331.
3 Un exemple del punt de vista catòlic és la coneguda al•locució de Pius XII al Congrés Nacional
de la Societat Italiana d’Anestesiologia l’any 1957.
27
la possibilitat que el lliure exercici de l’autonomia també es pugui concretar
mitjançant la disposició de la pròpia vida en determinats supòsits.
És a dir, admetent el que comunament s’anomena eutanàsia activa
voluntària.
El debat sobre la legitimitat de l’eutanàsia s’ha d’abordar des d’un punt
de vista doble: com una qüestió de respecte a l’autonomia de les persones
i, al mateix temps, de solidaritat amb qui pateix. La referència inicial
en aquest debat és la invocació tradicional a l’autonomia i la dignitat
de la persona, perquè l’eutanàsia suposa una decisió individual i, per
definició, autònoma. Així mateix, perquè no es pot invocar la lesió dels
drets d’altres subjectes, ja que, també per definició, aquesta decisió afecta
directament només dues parts: qui la sol•licita i qui la realitza.
El Comitè Nacional d’Ètica francès va publicar el 2000 un informe4 en
què modificava les conclusions i els criteris que havia sostingut respecte
d’això nou anys enrere5, per reconèixer explícitament que és aconsellable
revisar aquelles conclusions tenint en compte el progrés de la
tècnica mèdica i l’evolució de la societat des de llavors. És important
en si mateix –i té repercussions en la normativització dels problemes de
la bioètica– el fet que un comitè del prestigi i la solvència del francès
sostingui que en menys de deu anys les circumstàncies han evolucionat
tant que l’obliguen a revisar els seus propis plantejaments. Però el que
interessa assenyalar ara és la intenció de l’esmentat Comitè d’aportar
elements per a aquesta reflexió a partir de la constatació de l’evolució
dels fets i de la necessitat de donar una resposta solidària a un problema
real de la nostra societat. L’evolució científica i tècnica planteja nous
problemes en l’ésser humà; l’allargament de la vida en determinades
circumstàncies no és considerat un bé per totes les persones i, en aquest
cas, la voluntat del subjecte s’ha de tenir en compte. Davant d’aquesta
situació –sense establir com un dret el fet d’exigir la col•laboració d’una
tercera persona per posar fi a la pròpia vida–, el Comitè invoca la solidaritat
humana i la compassió per prendre en consideració el fet que
l’ésser humà es pot trobar en determinades circumstàncies en què, en-
4 CCNE , Avis sur la fin de vie, ârret de vie, euthanasie, de 27-I-00, París. Pot consultar-se a
http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_063.htm
5 CCNE, Avis concernant la proposition de résolution sur l’asistance aux mourants…, de 24-
VI-91, París. Pot consultar-se a http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_026.htm#deb
28
cara que hi hagi una regla general de prohibició de col•laborar en la
mort d’una altra persona, s’hagin de tenir en compte excepcions.
Parlar de compassió en aquest context no suposa entendre el concepte
d’una manera paternalista, sinó que apel•la a una concepció solidària
de les relacions entre els éssers humans, a una visió del problema que
accepti obertures excepcionals per a supòsits excepcionals. I, a més, es
tracta de circumscriure el marc de l’acord conformement a una definició
estricta del terme, lligat a la sol•licitud del subjecte i al compliment
de requisits que en garanteixin la voluntarietat. Aquesta és una bona via
per a l’acord entre posicions que d’una altra manera resulten habitualment
enfrontades.6
Sens dubte, la confusió conceptual que encara hi ha subjacent en el
debat sobre l’eutanàsia està estretament relacionada amb l’ambigüitat
existent entorn dels diferents significats que s’atribueixen a la paraula
eutanàsia. El terme es refereix, segons alguns, a qualsevol tractament
mèdic que escurci la vida d’un malalt, i també s’associa amb l’acte de
deixar que les persones es morin. Per d’altres, equival a l’homicidi per
compassió, o bé a l’homicidi en interès de la víctima. Per alguns altres,
s’identifica amb l’homicidi a petició de qui mor i amb l’auxili al suïcidi.
I també hi ha qui l’entén com l’acció d’acabar amb la vida de les
persones no desitjades, o com la de provocar la mort dels que sofreixen.
Aquestes diferents accepcions del terme eutanàsia, amb valoracions
ètiques i jurídiques diverses i fins i tot divergents, en què a més es barregen
sense distinció les definicions descriptives amb les prescriptives,
tenen com a conseqüència que no resulti gens evident de què s’està
discutint quan es debat sobre l’eutanàsia. La gran varietat de significats
que aporta la pluralitat de definicions elaborades per distingir entre les
diferents classes d’eutanàsia –amb les distincions entre eutanàsia activa
i passiva, directa i indirecta, i la voluntària, la no voluntària i la
6 En aquest mateix sentit s’ha manifestat recentment el president de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECP), tradicional valedora de les cures pal•liatives com la alternativa a
l’eutanasia, admetent que (…) No obstante, el enfoque paliativo puede no satisfacer las
necesidades de algunos pacientes. En estos casos, ante una solicitud de eutanasia, sería
necesario un debate sereno sobre algún tipo de regulación que tuviera como ejes fundamentales
el sufrimiento humano y un profundo respeto a la decisión de cada persona. El País, 28 d’octubre
de 2003.
29
involuntària–, han originat una tipologia que no ajuda a obtenir criteris
de decisió en els casos concrets. Com que aquestes classificacions no
són aplicables a totes les definicions d’eutanàsia i són susceptibles de
combinar-se entre si, el seu ús ha generat una complexitat terminològica
que dificulta encara més la discussió dels diferents problemes subjacents
en l’anomenada qüestió de l’eutanàsia.
L’eutanàsia és una acció que abraça dos actes, cada un dels quals té un
protagonista diferent. En el primer, el protagonista és el malalt que pateix
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o que li
causa patiments permanents i difícils de suportar i que pren la decisió,
èticament legítima, de posar fi a la seva vida de manera plàcida i digna.
Aquest malalt gaudeix de voluntat lliure, o la va tenir quan va subscriure
un document de voluntats anticipades. Aquest primer acte és veritablement
bàsic i, al seu torn, és el fonament del segon.
El segon acte consisteix en la intervenció mèdica que proporciona la
mort de manera ràpida, eficaç i indolora i, en efecte, està mancat de
legitimitat si no es pot verificar l’existència del primer. Però resulta
necessari, perquè fa efectiva la lliure decisió del malalt. Perquè es compleixi
aquesta voluntat de bona mort fa falta l’ajuda del metge, ja que,
d’acord amb els coneixements actuals, caldrà prescriure fàrmacs i administrar-
los correctament. I la raó que es requereixi aquesta intervenció
mèdica és de caràcter pràctic, ja que el coneixement professional és
el que assegura que la mort s’esdevindrà de la manera plàcida que es
pretén.
L’objecció de consciència del personal sanitari ha de ser respectada;
però, com qualsevol altre dret, ha de complir uns determinats requisits.
El límit essencial és que mai l’exercici del dret a l’objecció de consciència
d’un professional sanitari pot suposar un perjudici per al pacient.
A més, l’objecció de consciència, com a dret derivat de la llibertat ideològica,
és un dret individual i mai no pot ser exercit per una institució
–centres de salut, hospitals, etc. S’ha de ressaltar que –com ha sostingut
el Tribunal Constitucional en la STC 106/1996, de 12 de juny– els
centres sanitaris no poden invocar un ideari propi com a dret a ponderar
enfront d’altres drets tutelats. Els centres sanitaris estan obligats, en tot
cas, a prescriure i proporcionar els serveis i les prestacions que reconegui
el sistema de salut.
30
L’argumentació que sosté la lliure decisió del malalt és l’autonomia
moral. No seria legítima una llei que tractés d’imposar l’eutanàsia a
tots els malalts incurables i que patissin, però sí que ho és una llei que
l’admeti sota determinats supòsits ben precisos i inclogui les cauteles
necessàries per prevenir possibles vicis en els dos actes que hi concorren.
Les accions de provocar l’acabament de la vida del pacient quan ho
demani o de col•laborar-hi que s’han descrit anteriorment són les que es
consideren legítimes en aquest document, encara que altres interpretacions
del dret constitucional a la vida concloguin que aquest dret inclou
el deure de seguir vivint en qualsevol cas. L’Estat pot protegir la vida,
però no imposar el deure de viure en totes les circumstàncies. El reconeixement
del dret a la vida té en el nostre ordenament una vocació
garantista: enfront de l’Estat i enfront dels altres ciutadans. No és un
dret absolut: el dret a la vida pot entrar en col•lisió amb altres drets i ha
de ser ponderat. Segons la Constitució i des d’un punt de vista estrictament
jurídic, no és possible situar en tots els casos el dret a la vida per
damunt del de la llibertat de l’individu. Cal tenir en compte que la llei
penal s’ha d’acomodar als principis constitucionals, ja que aquests principis
són els que estableixen els béns jurídics mereixedors de la tutela
penal. La concepció del dret a la vida que implica mantenir-la fins i tot
en contra de la voluntat del seu titular ha de cedir pas a concepcions
més d’acord amb el respecte al dret d’autodeterminació de les persones
i amb el caràcter laic de l’Estat. Les garanties sempre s’estableixen a
favor de qui ostenta el dret i no en contra seva: el dret a la vida porta
unit el deure de respectar la vida aliena, però no el deure de viure contra
la pròpia voluntat en condicions penoses.
D’aquí sorgeix la proposta que es reguli al nostre país l’eutanàsia
–entesa com a activa i voluntària, que és l’única cosa que pròpiament
s’hauria d’anomenar eutanàsia–, mitjançant la promulgació d’una norma
específica i detallada que permeti la col•laboració del metge en la
disposició de la pròpia vida en determinades circumstàncies.
No obstant això, cal assenyalar que la proposta d’aquest document té
com a eix l’autonomia. El deure general de respecte pel pacient es manifesta
de manera especial en l’acceptació de la seva autonomia, i també
regeix per als menors d’edat. No es pot oblidar que el millor interès
31
del menor és el principi rector de qualsevol normativa respecte d’això.
Les normes jurídiques no poden imposar uns límits fixos on la naturalesa
estableix un procés continuat, com és el creixement; fer-ho suposaria
una falta de realisme en una àrea en què el dret demostra ser sensible
al desenvolupament humà i al canvi social. S’ha de ressaltar que la pàtria
potestat s’ha d’exercir sempre en benefici dels fills (art. 154 del
Codi civil) i que les regles que regulen les relacions paternofilials no
s’han d’interpretar de manera que privin el menor de l’exercici dels
drets fonamentals (art. 162 del Codi civil). D’altra banda, en alguns
tipus penals s’admet la validesa del consentiment –entès com a «capacitat
natural de consentir»– des dels 13 anys, encara que no es tingui la
majoria d’edat civil o política.
Els casos en què les persones estan mancades d’autonomia queden fora
d’aquesta proposta. Els infants, els incapaços i totes aquelles persones
que no hagin manifestat anteriorment la seva voluntat, per no poder o
no voler fer-ho, plantegen problemes específics i separats que s’haurien
de tractar d’una manera diferent, ja que cap d’aquests supòsits es pot
resoldre acollint-se a la necessitat de respectar la llibertat de la persona
en la presa de decisions sobre la pròpia vida. La importància i la complexitat
d’aquests casos –com es posa de manifest en les unitats de nounats
i en les de vigilància intensiva– aconsellen un tractament diferenciat
que aquest Grup d’Opinió es proposa abordar més endavant.

33
DECLARACIÓ
Tenint en compte que la possibilitat de disposar de la pròpia vida en
determinades circumstàncies és un tema clàssic de l’ètica, la bioètica i
dels drets humans sobre el qual encara no hi ha una conceptualització
precisa.
Tenint en compte que el debat sobre l’eutanàsia ressorgeix en l’opinió
pública amb cada nou cas que és divulgat pels mitjans de comunicació.
Tenint en compte que hi ha una gran confusió i imprecisió terminològica
que dificulta el debat mateix i l’acord entorn de la qüestió de l’eutanàsia.
Tenint en compte que, encara que les opinions i valoracions sobre l’eutanàsia
i la seva moralitat siguin dispars, hi ha un consens social favorable
a no castigar-la.
Tenint en compte que un dels objectius de la medicina és alleujar el
patiment dels malalts amb l’ús dels mitjans més adequats en cada cas.
Tenint en compte que hi ha l’imperatiu moral d’evitar el patiment innecessari
i no desitjat i que castigar l’eutanàsia és prolongar immoralment
el patiment.
Tenint en compte que la prohibició de l’eutanàsia comporta la clandestinitat
de conductes de les quals no es pot fer retret ni moralment ni
socialment i que, en canvi, genera situacions d’injustícia i de patiment.
Tenint en compte que el respecte a l’autonomia de la persona és un dret
que guanya cada vegada més rellevància i abast en l’àmbit de la sanitat.
Tenint en compte que l’eutanàsia s’ha d’abordar no sols des del respecte
a l’autonomia de les persones, sinó com una qüestió de solidaritat
amb qui la sol•licita.
Tenint en compte que l’Estat ha de protegir la vida, però no imposar el
deure de viure en condicions penoses per a les persones i en contra dels
seus desitjos i conviccions més íntims.
34
El Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret proposa les següents
RECOMANACIONS
1. El legislador ha de regular els requisits i procediments perquè la
disposició de la pròpia vida en determinats supòsits es pugui dur a
terme en el nostre país.
Amb aquesta finalitat s’ha d’introduir una legislació específica que permeti
la pràctica de l’eutanàsia com a acció mèdica a petició seriosa,
expressa, inequívoca i reiterada de la persona afectada.
2. La llei ha de precisar amb claredat el paper del metge respecte de
tota petició d’eutanàsia que reuneixi els requisits que la mateixa llei
estableixi i en la posada en pràctica de l’esmentada petició.
Competeix al metge el control del compliment de les condicions clíniques
que s’estableixin per a l’eutanàsia, així com el seguiment de l’actuació
per assegurar que el pacient pugui morir de manera ràpida i
indolora. No obstant això, pot efectuar la pràctica del procediment
eutanàsic, a més del metge, el mateix malalt o alguna de les persones
que li són pròximes.
S’ha de respectar el dret a exercir l’objecció de consciència per part del
metge o d’un altre professional sanitari directament implicat en un procediment
eutanàsic. En tot cas, la llei ha de garantir el dret dels malalts
a disposar de la pròpia vida en els supòsits instituïts.
3. S’ha d’acceptar la validesa de la petició d’eutanàsia feta mitjançant
un document de voluntats anticipades o manifestada per la persona
designada com a representant en el mateix document.
Quan un document de voluntats anticipades contingui aquesta petició,
s’ha de considerar vinculant, perquè reuneix el requisit de ser una manifestació
fefaent de la voluntat d’algú competent que ha establert previsions
respecte a la pròpia mort, com ja es va posar de manifest en el
Document sobre les voluntats anticipades elaborat per aquest Grup
d’Opinió (el juny de 2001). A fi de confirmar aquesta voluntat, s’haurà
35
de constatar que el corresponent document de voluntats anticipades no
ha estat revocat per l’atorgant.
4. La llei haurà de respectar l’autonomia dels menors atenent al seu
grau de maduresa.
Atès que la normativa més recent és sensible al problema que suposa
establir límits fixos als processos vitals –que en si mateixos són evolutius–
i que es reconeix el dret dels menors a prendre decisions sobre la
seva salut, cal acceptar una petició d’eutanàsia provinent d’un menor
madur. Seria raonable acceptar la pauta –ja reconeguda en diverses ocasions
i llocs– que els majors de 16 anys puguin decidir per si mateixos,
amb el requisit que els pares siguin escoltats i s’involucrin en la decisió;
i pel que fa als menors d’entre 12 i 16 anys, el fet que els pares
acceptin la decisió del menor ha de ser un requisit imprescindible.
5. Els poders públics hauran d’afavorir l’extensió d’atencions especialitzades
específiques a fi que totes les persones hi tinguin accés i el
procés de morir es desenvolupi amb dignitat.
Això implica afavorir les cures pal•liatives i domiciliàries de manera
que siguin una possibilitat real a l’abast de tota la població, en tant que
és un dret que tenen els pacients. Convé subratllar que, tot i això, hi
continuarà havent peticions d’eutanàsia que hauran de ser ateses.
36
RELACIÓ DE MEMBRES DEL GRUP D’OPINIÓ DE
L’OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET
QUE HAN ELABORAT AQUEST DOCUMENT
María Casado
Directora de l’Observatori de Bioètica i Dret i del Màster en Bioètica i
Dret. Professora titular de Filosofia del Dret, Moral i Política. Universitat
de Barcelona.
Albert Royes
Secretari de l’Observatori de Bioètica i Dret. Professor d’Ètica Mèdica.
Universitat de Barcelona.
Pilar Antón
Professora titular d’Ètica i Legislació de l’Escola Universitària d’Infermeria.
Universitat de Barcelona.
Manuel Atienza
Catedràtic de Filosofia del Dret. Universitat d’Alacant.
Anna Badia
Catedràtica de Dret Internacional Públic. Universitat de Barcelona.
Lydia Buisan
Metgessa. Cap del Servei d’Anestèsia i Reanimació del Consorci Hospitalari
de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat.
Maria Jesús Buxó
Catedràtica d’Antropologia. Universitat de Barcelona.
Lluís Cabré
Metge. Cap de la Unitat de Vigilància Intensiva de l’Hospital de Barcelona.
Secretari de l’Associació de Bioètica i Dret.
Camilo José Cela Conde
Catedràtic de Filosofia Moral. Universitat de les Illes Balears.
Mirentxu Corcoy
Catedràtica de Dret Penal. Universitat de Barcelona.
37
Josep Egozcue
Catedràtic de Biologia Cel•lular. Universitat Autònoma de Barcelona.
Roser González Duarte
Catedràtica de Genètica. Universitat de Barcelona.
Javier de Lucas
Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política. Universitat de València.
Itziar Lecuona
Llicenciada en Dret. Becària d’investigació. Universitat de Barcelona.
Florencia Luna
Presidenta de l’Associació Internacional de Bioètica i Directora de
l’Àrea de Bioètica de la FLACSO, Argentina.
Mª Cruz Martín Delgado
Metgessa intensivista. Associació de Bioètica i Dret.
Joaquim Martínez-Montauti
Metge. Coordinador del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de
Barcelona.
Víctor Méndez Baiges
Professor titular de Filosofia del Dret, Moral i Política. Universitat de
Barcelona.
María Jesús Montoro
Catedràtica de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona.
Mònica Navarro
Professora de Dret Civil. Universitat de Barcelona.
Jaume Peris
Catedràtic de Dret Penal. Universitat de Múrcia.
Daniel Ramon Vidal
Catedràtic de Tecnologia dels Aliments. Universitat de València.
38
Coral Rodríguez-Fouz
Llicenciada en Medicina. Associació de Bioètica i Dret.
Ana Rubio
Professora titular de Filosofia del Dret, Moral i Política. Universitat de
Granada.
Alfonso Ruiz Miguel
Catedràtic de Filosofia del Dret. Universitat Autònoma de Madrid.
Javier Sádaba
Catedràtic d’Ètica. Universitat Autònoma de Madrid.
Ana Sánchez Urrutia
Professora titular de Dret Constitucional. Universitat de Barcelona.
Ramon Valls
Catedràtic de Filosofia. Universitat de Barcelona.
Rodolfo Vázquez
Catedràtic de Filosofia del Dret. Universitat Nacional Autònoma de
Mèxic.
Anna Veiga
Cap de la Secció de Biologia. Servei de Medicina de la Reproducció.
Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
Carmina Virgili
Catedràtica de Geologia. Universitat Complutense de Madrid.
THE PATIENT’S RIGHT
TO END HIS OR HER LIFE
UNDER CERTAIN
CIRCUMSTANCES:
DECLARATION
ON EUTHANASIA
Prepared by The Opinion Group
of Bioethics And Law Observatory
Barcelona, december 2003
OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET
Baldiri Reixac, 4-6
Torre D, 4rt
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es
http://www.bioeticayderecho.ub.es
http://www.bioeticayderecho.com

41
INTRODUCTION
The Opinion Group of the Observatori de Bioètica i Dret, based at the
Barcelona Science Park, was formed to study the ethical, social and
legal implications of new biotechnology techniques from a scientific
and multidisciplinary point of view, and to make specific proposals for
actions to be taken.
The Observatori de Bioètica i Dret itself was created with a view to
participating in the university-society dialogue and so as to make its
voice heard in the wider society; more specifically its aim is to make
submissions to the public, administrative and political bodies which
regulate and control research and application of new technologies.
Achieving these objectives demands a fluid relationship with the media,
so as to improve the quality of information available. The Group
has already prepared statements on a number of issues which cause
controversy, both in society in general, and among the scientists working
in relevant fields.
On this occasion, the Group addresses the issue of euthanasia, which
has been a source of controversy for many years, and which returns to
the media headlines with every new case reported. The Group’s view is
that our progressive recognition of the individual’s autonomy –and therefore,
the patient’s autonomy– should culminate in acceptance of the
patient’s right to end his or her life under certain circumstances. We
recognise that there is a need for specific legislation to regulate this
right.
As tends to occur in issues arising in bioethics, there is a great need for
multidisciplinary dialogue encompassing ethical, philosophical, anthropological,
legal, social and health aspects of the debate. The discussion
needs to be solidly based on technical and scientific input from the
disciplines whose advances underlie the issue.
The group has been coordinated by a jurist, Dr. María Casado, and a
specialist in medical ethics, Dr. Albert Royes, director and secretary,
respectively, of the Observatori de Bioètica i Dret, and has received
inter-disciplinary submissions from specialists as acknowledged in the
annex.

43
PREAMBLE
This Declaration addresses the issue of the individual’s right to end his
or her own life under certain circumstances. This issue underlies, at the
deepest level, all discussion on individual autonomy. Human dignity is
evoked both in defence of the right to end one’s life –the right to a
dignified death– and also held up as a reason to reject this right. Clearly,
this equivocal use of the term “dignity” reveals underlying differences
in conceptions of human life, freedom and human rights in general.
In recent years, media coverage has brought euthanasia to the forefront
of our minds. The most recent case was the controversial Humbert case
in France in September 2003, in which a mother helped her son to die
with the cooperation of a doctor, for whom the state prosecutor has
sought a prison sentence. The European Court of Human Rights has
had to intervene in this area in the July 2002 cases taken by Diane Pretty
against the United Kingdom. And, in Spain, memories of the Sampedro
case are still fresh in our minds.
The issue continues to arouse heated debate, and not only in the media.
Frequent surveys assess the acceptability of euthanasia among both the
general public and health professionals, with a view to determining
public opinion on the need for specific legislation. These surveys invariably
find that a clear majority of the public favours legislation on
euthanasia. This majority has been rising for decades now. In addition,
the Council of Europe has also made several recommendations on the
issue, since its first declaration in 19761. However, at present only two
of our neighbouring countries have introduced specific legislation permitting
euthanasia: the Netherlands (2001) and Belgium (2002).
Doctors have always participated in decisions concerning the end of
life. At present it is considered good practice to limit, suspend or not
undertake treatment in certain circumstances, even though this may lead
to the death of the patient: decisions to limit therapeutic effort, limit
treatment, or passive euthanasia.2 The justification for such decisions
1 Resolution 613 (1976), Recommendation 779 (1976) and Recommendation 1418 (1999). Available
at www.coe.int
2 Cabré, Ll., Solsona, JF. and the Bioethics Group of the SEMICYUC, “Limitación del Esfuerzo
Terapéutico en Medicina Intensiva” in Medicina Intensiva 2002; 26(6): 304-331.
44
are found in deontological codes and also in Law 41/2002, of 14 November,
regulating patient autonomy and rights and obligations concerning
clinical documentation, and even in a number of bioethics
statements by the Catholic Church.3 Such measures are habitual practice
in all hospitals; decisions are taken by doctors in the interest of
patients and, in general, with the knowledge and consent of the patient’s
family. Failure to take these measures would in fact constitute
bad medical practice. The essential point here is, however, that these
decisions are taken by doctors, based on their professional judgement
and their concept of good practice.
Respect for individual freedom and for the rights of the patient has become
especially important in health professional-patient relations. Indeed,
it is a sphere in which the autonomy of the individual is central.
The clearest manifestations of this autonomy are the requirements to
provide patients with accurate and truthful information and to obtain
their consent; however, the requirements of respect for patient autonomy
do not end here.
The General Health Law of 1986 initiated a concretion process for the
fundamental rights of those in healthcare and, especially, for the right
to make decisions concerning one’s own health. Since then, the process
has gradually advanced: through introduction of the concept of informed
consent, through recognition that competent persons can exercise their
right to refuse medical treatment or intervention, including life support,
and through introduction of laws on living wills –an issue addressed
in another of the Opinion Group’s publications. This process must continue
to advance, providing concrete content to the provisions already
in place and accepting that free exercise of personal autonomy can also
entail the right to decide to end one’s life, under certain circumstances;
that is, accepting voluntary active euthanasia.
The debate on the legitimacy of euthanasia must be approached from a
twofold perspective: firstly, as a question of respect for individual autonomy
and secondly, as a matter of solidarity with those suffering from
serious illness. The initial reference in this debate is the traditional invocation
of human autonomy and dignity; euthanasia involves an indi-
3 One example of the view of the Catholic Church is the famous papal address by Pius XII at
the National Congress of the Italian Anaesthesiology Society in 1957.
45
vidual decision which is autonomous by definition. Breach or infringement
of the rights of others is not an issue in euthanasia, since the decision
only affects two parties –the person seeking euthanasia and the
person assisting him or her to carry it out.
The French National Ethics Committee published in 2000 a report,4
modifying the criteria applied and conclusions drawn nine years earlier,
5 and explicitly accepting that the medical and social advances occurring
since then have justified these changes. The fact that a prestigious
ethics committee should recognise that in less than ten years circumstances
had changed sufficiently to demand modifications in their own
policy is important in itself and will have repercussions for bioethics
legislation. However, the main point is that the Committee is now willing
to advance in the light of developments and seeks to provide a response
to a real problem faced by our society. Scientific and
technological development poses new problems for the human being;
prolongation of life is no longer considered to be good in all cases, and
the will of the patient must be taken into consideration. While not recognising
the right to demand the cooperation of a third party in ending
one’s own life, the Committee appeals to human solidarity and compassion
in understanding that a person may find him or herself in circumstances
which merit an exception to the general prohibition on
cooperating in the death of another.
Compassion in this context is not to be interpreted paternalistically, but
rather as a solidarity-based conception of relations between human beings;
as a perspective enabling us to accept exceptional remedies for
exceptional circumstances. It is a matter of restricting the consensus in
keeping with a strict definition of the term euthanasia, linked to the
individual’s request and confirmation that this request is voluntary. This
is the only channel for agreement between positions which otherwise
are destined to be confronted.6
4 CCNE , Avis sur la fin de vie, ârret de vie, euthanasie, 27-I-00, Paris. Available at http://
www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_063.htm
5 CCNE, Avis concernant la proposition de résolution sur l’asistance aux mourants…, 24-VI-
91, Paris. Available at http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_026.htm#deb
6 The president of the Spanish Palliative Care Society (SECP), the traditional proponent of
palliative care as alternative to euthanasia, recently reached a similar conclusion … Nevertheless,
the palliative approach may not meet the needs of certain patients. In these cases, given
a request for euthanasia, a clear-minded debate would be required concerning a law based
(…)
46
The conceptual confusion which still underlies the euthanasia debate is
undoubtedly due to ambiguity concerning the actual meaning of the
word “euthanasia”. In the minds of some, the term refers to any medical
treatment which shortens the life of the patient, and is also associated
with permitting a person to die. For others, the term means
compassionate homicide, or homicide in the victim’s interest. For others,
homicide at the request of the victim or assisted suicide. There are
also those who see it as the ending of the life of undesired persons, or
as causing the death of those who are suffering.
These different interpretations of the word “euthanasia”, with differing
and even divergent ethical and legal consequences, and a mixture of
descriptive and prescriptive criteria, make discussions on the subject of
euthanasia anything but clear. The wide variety of meanings arising
from efforts to distinguish between different types of euthanasia –active
and passive euthanasia, direct and indirect, voluntary, non-voluntary
and involuntary, have given rise to classifications which provide
no criteria for decision making in concrete cases. Since these classifications
cannot be applied to all the different definitions of euthanasia,
and tend to be randomly combined with one-another, their use has led
to a terminological maze which further impedes discussion of the real
issues underlying the question.
Euthanasia comprises two actions, each of which is carried out by a
different actor. The first is a decision. It is an ethically legitimate decision
to end his or her life in a dignified, peaceful manner, taken by a
patient suffering from a grave illness which will irrevocably lead to
death or entail permanent, unbearable suffering. This patient is either
in a position to express his or her free will, or else has done so previously
by completing a living will. This first act is fundamental and gives
rise to the second.
The second action comprises a medical intervention which leads to a
rapid, effective and painless death for the patient. This second act cannot
be legitimate without the existence of the first. However, if the first
exists, then the second act is necessary, since it gives effect to the patient’s
freely taken decision. The doctor’s help is required to fulfil the
(…)
on the concept of human suffering and a deep respect for the decisions of every individual. El
País, 28 October, 2003.
47
patient’s desire for a good death, since prescription and correct administration
of certain drugs will be required. The reason behind this medical
intervention is quite practical, since professional knowledge is what
enables the patient’s death to be peaceful and dignified.
Conscientious objection on the part of healthcare professionals must be
respected; however, like all other rights, a number of requirements must
be met. The right to conscientious objection of the professional must
never prejudice the patient. The right to conscientious objection, deriving
from the right to ideological freedom, is an individual right and can
never be exercised by an institution, such as a health centre, hospital,
etc. As upheld by the Spanish Constitutional Court in its ruling STC
106/1996, of 12 June, health institutions cannot use ideological issues
as grounds to override rights enshrined in the Constitution. Health centres
are obliged to prescribe and provide the services recognised by the
health system.
The justification for the free decision on the part of the patient is his or
her moral autonomy. A law imposing euthanasia for all sufferers of incurable
and painful illnesses would be bereft of all legitimacy; however,
a law which permits euthanasia under certain clearly specified
circumstances and which includes provisions to prevent possible abuse
in either of the two constituent actions is legitimate.
The actions of causing or cooperating in termination of a patient’s life
at his or her request are those which this Declaration sees as legitimate,
despite the fact that other interpretations of the constitutional right to
life conclude that it includes the duty to continue living under all circumstances.
The state may protect life, but it cannot impose the obligation
to continue living. Recognition of the right to life in our law sets
out to provide a guarantee: on the part of the state and on the part of
other citizens. It is not however, an absolute right: the right to life may
enter into conflict with other rights and must then be weighed against
them. Based on a strictly legal interpretation of the Constitution, we
cannot place the right to life above the individual’s right to freedom in
all cases. It must be borne in mind that penal law must adapt to the
principles enshrined in the Constitution, since these determine the parties
and entities which are afforded constitutional protection. A conception
of the right to life which entails maintenance of life even against
the will of the individual, must give way to other conceptions which are
48
more respectful of the right to personal autonomy and in keeping with
the non-confessional nature of the state. Constitutional guarantees are
always established in favour of the persons who are construed as possessing
the right in question, and never against them: the right to life
implies the obligation to respect the life of others but not the obligation
of living against one’s personal will in painful conditions.
Therefore, we propose that legislation legalising euthanasia be introduced
in Spain. By euthanasia we mean voluntary and active euthanasia
–the only variety which should receive this name. The legislation
should be a specific, detailed law permitting medical cooperation in
ending a patient’s life under certain circumstances.
The principle underlying this proposed legislation is autonomy. The
general obligation to respect the patient’s demands means that we must
also accept and respect his or her autonomy; this also applies for minors.
It should not be forgotten that the interest of the minor is the fundamental
guiding principle in any legislation which affects them. Laws
cannot impose fixed limits where nature has ordained a continuum, such
as the process of human growth; to do this, would reveal a lack of realism
in an area in which law has proven itself sensitive to human development
and social change. Custody must always be exercised in the
best interest of the children (article 154 of the Civil Code). The laws
governing the relations between parents and children must not be interpreted
in such a way as to deprive the minor of his or her fundamental
rights (article 162 of the Civil Code). In certain provisions of Penal
Law, the age of consent is taken to be 13 years –interpreted as when
children have a “natural capacity to consent”, even though the minor
has not yet reached the civil or political age of majority.
The proposal made here does not include cases of non-autonomous patients.
Children, the gravely handicapped and all those who have not
previously manifested their will –whether through inability or lack of
willingness– pose specific problems which must be dealt with separately.
None of these cases can be resolved on the basis of respect for
the individual’s decision-making autonomy. The importance and complexity
of these cases –as evidenced in the newborn wards and intensive
care units– merit separate treatment. This issue will be addressed
by the Opinion Group on another occasion.
49
DECLARATION
Bearing in mind that the right to end one’s life under certain circumstances
is a central issue in ethics, bioethics and human rights and that
no precise conceptualisation yet exists.
That the debate on euthanasia returns to the public eye with each new
case highlighted by the media.
That there exists a great deal of confusion and terminological inaccuracy,
impeding clear discussion and agreement.
That while there exists a wide range of opinions on euthanasia and its
morality or lack thereof, we also recognise that there exists a social
consensus in favour of not punishing euthanasia.
That one of the objectives of medicine is to alleviate patient suffering
through application of the most appropriate means for each case.
That there exists a moral imperative to avoid unnecessary and undesired
suffering and that punishment of euthanasia constitutes immoral
prolongation of suffering.
That prohibition of euthanasia may leads to illegal practice of what is
neither a morally nor socially reprehensible activity.
That respect for the individual’s autonomy is increasingly important in
the area of health professional-patient relations.
That euthanasia should be approached not only from a perspective of
respect for personal autonomy but also from one of solidarity with those
who suffer.
That the state must protect life but cannot impose the obligation to continue
living in intolerably painful conditions or against the patient’s
deepest desires and convictions.
The Opinion Group of the Observatori de Bioètica i Dret makes the
following:
50
RECOMMENDATIONS
1. Legislation should be enacted to regulate for euthanasia under certain
circumstances.
This legislation should be specific and should permit euthanasia, as a
medical practice, in cases of serious, express, unequivocal and repeated
requests from the patient.
2. The law must clearly specify the doctor’s role in each request for
euthanasia which meets the legally specified requirements for consideration
as such, and also the doctor’s role in carrying out the request.
Control of the clinical conditions established for euthanasia must be
the doctor’s responsibility, as must be supervision of the procedure followed
so as to ensure that the patient’s death is rapid and painless. The
procedure itself may be carried out by the doctor, by the patient or by
one of his or her family or close friends.
The right of the doctor or other directly involved health professionals
to exercise conscientious objection must be respected. However, the
law must guarantee the patient the right to euthanasia in the specified
circumstances.
3. The validity of the request for euthanasia made by means of a living
will or expressed by the patient’s representative as designated in
the living will must be accepted.
When a living will contains a request for euthanasia, it must be accepted
as valid, since it is an irrefutable expression of the will of a
competent person concerning his or her own death, as set out in the
Opinion Group’s Declaration on Living Wills (June 2001). It must be
confirmed that the declarant has not since revoked the request.
4. The law must respect the autonomy of minors, bearing in mind
their relative maturity.
Given that recent legislation is sensitive to the problem of establishing
fixed limits to what are living and, therefore, continuous processes,
51
developmental by nature, and that the right of minors to make decisions
on their health is recognised in law, it is necessary to accept, as has
already occurred on various occasions and in various places, that persons
older than 16 years can decide for themselves, on condition that
parents be listened to and play a role in the decision; in the case of
minors between the age of 12 and 16 years, parental consent is required
for the minor’s decision to be valid.
5. The public authorities must seek to extend the availability of specific
intensive care services, thus ensuring access for all to these services
and to the right to die with dignity.
This entails improving palliative care and care in the patient’s home so
as to make these services available to the entire population as a patient’s
right. Requests for euthanasia will continue to be made, and
should be attended.
52
MEMBERS OF THE BIOETHICS AND LAW OPINION GROUP
WHO HAVE DRAWN UP THIS DOCUMENT:
María Casado
Directora del Observatori de Bioètica i Dret y del Máster en Bioética y
Derecho. Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Universitat de Barcelona.
Albert Royes
Secretario del Observatori de Bioètica i Dret y Profesor de Ética Médica.
Universitat de Barcelona.
Pilar Antón
Profesora Titular de Ética y Legislación de l’Escola Universitària
d’Infermería. Universitat de Barcelona.
Manuel Atienza
Catedrático de Filosofía del Derecho, Universitat d’Alacant.
Anna Badia
Catedrática de Derecho Internacional Público. Universitat de Barcelona.
Lydia Buisan
Médica. Jefe del Servicio de Anestasia y Reanimación del Consorci
Hospitalari de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat.
Maria Jesús Buxó
Catedrática de Antropología. Universitat de Barcelona.
Lluís Cabré
Médico. Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Barcelona
y Secretario de la Asociación de Bioética y Derecho.
Camilo José Cela Conde
Catedrático de Filosofía Moral. Universitat de les Illes Balears.
Mirentxu Corcoy
Catedrática de Derecho Penal. Universitat de Barcelona.
53
Josep Egozcue
Catedrático de Biología Celular. Universitat Autònoma de Barcelona.
Roser González-Duarte
Catedrática de Genética. Universitat de Barcelona.
Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universitat
de València.
Itziar Lecuona
Licenciada en Derecho y Becaria de Investigación. Universitat de Barcelona.
Florencia Luna
Presidenta de la Asociación Internacional de Bioética y Directora del
Área de Bioética de la FLACSO, Argentina.
Mª Cruz Martín Delgado
Médica intensivista. Asociación de Bioética y Derecho.
Joaquim Martínez-Montauti
Médico. Coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de
Barcelona.
Víctor Méndez Baiges
Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universitat
de Barcelona.
María Jesús Montoro
Catedrática de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona.
Mónica Navarro
Profesora de Derecho Civil. Universitat de Barcelona.
Jaime Peris
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Murcia.
Daniel Ramon Vidal
Catedrático de Tecnología de los Alimentos. Universitat de València.
54
Coral Rodríguez-Fouz
Licenciada en Medicina. Asociación de Bioética y Derecho.
Ana Rubio
Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universidad
de Granada.
Alfonso Ruiz Miguel
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Sádaba
Catedrático de Ética. Universidad Auntónoma de Madrid.
Ana Sánchez Urrutia
Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universitat de Barcelona.
Ramon Valls
Catedrático de Filosofía. Universitat de Barcelona.
Rodolfo Vazquez
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Nacional Autónoma
de México.
Anna Veiga
Jefe de la Sección de Biología. Servicio de Medicina de la Reproducción.
Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
Carmina Virgili
Catedrática de Geología. Universidad Complutense de Madrid.

Associació de
Divisió de Ciències Jurídiques,
Econòmiques i Socials
UNIVERSITAT DE BARCELONA