Prohibición del matrimonio en EUA

Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol nº 50/51, pp. 23-33
ELVIA M. SOLANO
(Rutgers University)

Los proyectos de reforma constitucional
para la prohibición del matrimonio entre
personas del mismo sexo
en los Estados Unidos

El matrimonio, una de las instituciones más importantes y fundamentales de
toda sociedad, es corrientemente definido como la relación personal entre dos
individuos que se comprometen mutuamente con el propósito de establecer una
relación íntima de larga duración. El matrimonio ha sido tradicionalmente
caracterizado como una relación entre dos miembros de distinto sexo, que a
partir de su compromiso se convierten en marido y mujer. Por ello, cuando
parejas de un mismo sexo pretenden establecer ese tipo de relación íntima y
estable que constituye la esencia del matrimonio, es habitual que surja la
controversia.
En estos momentos el matrimonio entre personas del mismo sexo
–comúnmente conocido como «matrimonio homosexual»– no se halla legalmente
reconocido en los Estados Unidos, por más que tampoco exista una prohibición
de él a nivel federal.
El hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo esté
empezando a ser reivindicado con fuerza por concretos colectivos de activistas
homosexuales, de que otros colectivos se opongan con idéntica fuerza a su
reconocimiento, y de que éste no se halle prohibido a nivel federal, se ha
traducido en los últimos años en la aparición de varios intentos de reforma
constitucional encaminados a garantizar su prohibición. Los proyectos de reforma
constitucional para la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
comenzaron a surgir a partir del momento en que activistas homosexuales
empezaron a proponer métodos para legalizar sus derechos en Estados como
Hawai, Alaska y Vermont, y llegaron a ser muy populares a lo largo de la última
década. Con todo, su máximo apogeo ha empezado a vivirse a partir de noviembre
de 2003, cuando el Tribunal Supremo del Estado de Massachussets declaró que la
decisión del legislativo Estado de reconocer y garantizar derechos solo a los
matrimonios contraídos entre personas de distinto sexo violaba los principios
contenidos en la Constitución de respeto a la autonomía individual y de igualdad
ante la ley. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional para detener el
24 Elvia M. Solano
movimiento a favor del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo
sexo más controvertido es el que aboga por reformar la Constitución federal de
los Estados Unidos añadiéndole una enmienda que negaría a los homosexuales y a
las lesbianas la posibilidad de contraer matrimonio; proyecto que –para estos
colectivos– contravendría los principios de igualdad y no discriminación que
constituyen elementos esenciales de la Constitución estadounidense.
Como ya hemos apuntado, los primeros movimientos sociales en defensa
del matrimonio entre personas del mismo sexo se iniciaron a comienzos de los
noventa en los Estados de Hawai, Alaska y Vermont, cuando los activistas
homosexuales plantearon el dilema del «matrimonio homosexual» y abrieron con
ello una fuerte controversia. Sin embargo, ni los esfuerzos desplegados en Alaska
ni los de Hawai llegaron a prosperar porque, aunque el Tribunal Supremo decidió
garantizar a los homosexuales idéntico derecho al matrimonio, dicha decisión
resultó anulada por sendas reformas constitucionales. Ambos Estados reformaron
sus constituciones estatales introduciendo enmiendas por las que se prohibía el
matrimonio entre personas del mismos sexo, y se dotaba de rango constitucional a
la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Por su
parte, Vermont optó no por oponerse frontalmente al matrimonio entre personas
del mismo sexo, sino por crear leyes que garantizasen ciertos derechos a
homosexuales y lesbianas, reconociendo sus vínculos afectivos como uniones
civiles o relaciones domésticas.
El hecho de que unos Estados hubiesen empezado a reconocer derechos a
favor de las parejas del mismo sexo y otros rehusaran hacerlo desembocó en una
controversia aun mayor, en esta ocasión en torno a si los Estados que se oponían
a las uniones entre personas del mismos sexo debían reconocer las leyes de los
Estados que las reconociesen, como exige la Constitución federal a través de la
conocida como Full Faith and Credit Clause, inserta en la Sección Primera del
Artículo IV.
La mencionada cláusula establece que «Se dará entera fe y crédito en cada
Estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los demás
estados», siendo su objeto el de garantizar el mutuo reconocimiento y la
exigibilidad en todo el territorio de la Unión de las leyes, de las demandas civiles, y
de las resoluciones judiciales no federales.
Sin embargo, en lo que respecta a los derechos reconocidos a los
homosexuales por las legislaciones de rango estatal que reconozcan o puedan
reconocer en el futuro sus matrimonios, uniones civiles o relaciones domésticas,
los Estados han quedado exentos de ese deber de reconocer las leyes de otros
Estados en virtud de lo dispuesto por la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense
of Marriage Act, más conocida por su acrónimo DOMA). Dicha ley fue aprobada
por la Cámara de Representantes por 342 votos frente a 67, y por el Senado por
85 votos frente a 14, siendo posteriormente ratificada por el Presidente Bill
Clinton en 1996, y en ella se otorga a los Estados el derecho a decidir si desean
reconocer o no los derechos concedidos a los homosexuales por las legislaciones
La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en los EE.UU. 25
de otros Estados. 1 Adicionalmente, la DOMA también establece que en los
Estados Unidos el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, cuando
menos a los efectos prescribibles por la legislación federal, tales como beneficios
en el ámbito de la Seguridad Social o régimen fiscal. De hecho, la DOMA es la
primera ley federal en la historia de los Estados Unidos que define como esposos a
las personas de distinto sexo que se constituyen en marido y mujer, determinando
que las parejas que no encajen en esa definición no serán elegibles para ningún tipo
de beneficios que el gobierno federal ofrezca a los matrimonios.
Algunos académicos y muchos activistas homosexuales han argumentado
que la DOMA es inconstitucional, ya que en virtud de la Sección Primera del
Artículo IV –ya citada– los Estados se hallan constitucionalmente obligados a acatar
las leyes aprobadas en otros Estados, y lo más que una ley federal podría prescribir
sería la manera de hacerlo –esto es: las formalidades y los efectos de ese
reconocimiento– pero no la opción entre brindar reconocimiento a estas leyes o
negárselo, cosa que únicamente sería factible mediante una enmienda
constitucional. En consecuencia, argumentan, los matrimonios entre personas del
mismo sexo contraídos en Massachussets, el único Estado que de momento los
contempla, deberían ser considerados válidos en los otros 49 Estados.
En efecto, el 19 de noviembre de 2003 el Estado de Massachussets se
convirtió en el primero –y hasta el momento, único– Estado de la Unión en
legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, merced a una ajustada
resolución –cuatro votos a tres– del Tribunal Supremo del Estado por la que éste
declaró que «privar a un individuo de la protección, los beneficios, y las
obligaciones del matrimonio civil solo porque esa persona podría contraer
matrimonio con otra persona del mismo sexo viola la Constitución de
Massachussets». 2 El caso que suscitó la resolución, Goodridge vs. Department of
Public Health, había sido iniciado el 11 de abril de 2001 a instancias de siete parejas
de homosexuales y lesbianas que exigían del Estado de Massachussets que
reconociera su derecho a contraer matrimonio. 3 Como la Presidenta del Tribunal
Supremo del Estado Margaret Marshall escribió, la Constitución de Massachussets
«afirma la dignidad y la igualdad de todos los individuos» y «prohibe la creación de
ciudadanos de segunda clase», de modo que el Estado no contaba con una «razón
constitucionalmente aceptable» para denegar el matrimonio a parejas del mismo
sexo.
Con esta resolución, el Tribunal también dio al legislativo del Estado un
plazo de 180 días para cambiar la ley y rectificar la situación existente. Aunque el
legislativo estatal hizo en principio patente su perplejidad ante las medidas que era
preciso adoptar para satisfacer las exigencias de esta inusual resolución del
1 La DOMA tiene su fundamento constitucional en la segunda cláusula del la Sección
Primera del Artículo IV, toda vez que en ella se estipula que «El Congreso podrá prescribir
mediante leyes generales la manera en que se acreditarán tales actos, registros y
procedimientos, así como los efectos que deban surtir».
2 440 Mass. 309; 798 N.E.2d 941; 2003 Mass. LEXIS 814
3 Hillary Goodridge & others [FN1] vs. Department of Public Health & another. [FN2] SJC-
08860.
26 Elvia M. Solano
Tribunal Supremo, aunque algunos legisladores de Massachussets se opusieron a la
misma y apelaron para que –como hacía Vermont– únicamente fuesen reconocidas
las uniones civiles entre homosexuales y lesbianas y que no se equiparasen éstas
con el matrimonio, y aunque incluso se intentaron reformas de la Constitución del
Estado para impedir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el
Estado, lo cierto es que Massachussets empezó a expedir certificados de
matrimonio a parejas del mismo sexo a partir del 17 de mayo de 2004.
En realidad, las reticencias del legislativo de Massachussets a implementar la
sentencia recaída en Goodridge vs. Department of Public Health, no hicieron sino
propiciar una ulterior clarificación de su alcance por la propia instancia
sentenciadora, que resultó aun más beneficiosa para los demandantes. El legislativo
de Massachussets propuso satisfacer las exigencias de la decisión judicial creando
un sistema de uniones civiles, como el que ya existía en Vermont. Sin embargo,
esta propuesta suscitó muchas disensiones, y para resolverlas el legislativo solicitó
al Tribunal que clarificase su resolución del 19 de noviembre de 2003, que se
consideraba ambigua. En respuesta a esta solicitud, la mayoría de jueces que había
votado en Goodridge declaró el 3 de febrero de 2004 que uniones civiles como las
existentes en Vermont no eran suficientes, y que solo darían lugar a «un estatus
inconstitucional, inferior y discriminatorio para las parejas del mismo sexo».
Adicionalmente, el Tribunal declaró que habida cuenta que la historia de los
Estados Unidos había demostrado la inherente inviabilidad de la doctrina de
«separate, but equal», solo el otorgamiento a las parejas de homosexuales de un
completo derecho al matrimonio, y nada menos que ello, satisfaría las exigencias
de Goodridge.
La aclaración del alcance de la sentencia Goodridge realizada por el Tribunal
Supremo de Massachussets en el sentido de que las uniones civiles de personas del
mismo sexo no constituían un sustituto aceptable del matrimonio homosexual
tuvo el efecto de crear un importante conflicto normativo cuando parejas del
mismo sexo procedentes de otros Estados empezaron a desplazarse a
Massachussets para contraer matrimonio, y a reclamar –ya de vuelta en sus
Estados de residencia– el reconocimiento en éstos de su certificado de
matrimonio. Por su parte, el ex-gobernador de Massachussets, el republicano W.
Mitt Romney, declarado oponente del matrimonio entre parejas del mismo sexo,
invocó una vieja ley de 1913 que había prohibido que las parejas formadas por
personas de distinta raza procedentes de Estados en donde en aquella época regía
la prohibición de los matrimonios mixtos se desplazasen a Massachussets para
casarse, como un referente legal adecuado para evitar que contrajesen matrimonio
en Massachussets parejas de personas del mismo sexo de otros Estados que no
deseasen establecerse en el Bay State.
La apelación de Romney y otros cargos electos de Massachussets a la ley de
1913 –que, como cabe imaginar, llevaba décadas sin ser aplicada–, tenía el objeto
evitar que la nueva legislación del Estado sobre la materia afrentase a otros
Estados que habían prohibido este tipo de matrimonios o no reconocían estas
uniones. A la postre, sería el Tribunal Supremo del Estado el que se vería ante la
La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en los EE.UU. 27
tesitura de decidir sobre la cuestión, haciéndolo en el caso Whitacre v. Department
of Public Health.
En esta ocasión, el pronunciamiento del alto Tribunal fue instado por ocho
parejas del mismo sexo procedentes de Estados vecinos a Massachussets, a
quienes éste Estado se negó a casar. 4 Las ocho parejas recurrieron la ley de 1913
y llevaron su caso ante el Supremo estatal, quien el 31 de marzo de 2006
sentenció que el Estado de Massachussets debía permitir a las parejas de personas
del mismo sexo procedentes de otros Estados contraer matrimonio siempre que
el Estado del que procederan no prohibiese explícitamente dicho tipo de
matrimonio, pero que si –por el contrario– el matrimonio entre personas del
mismo sexo estaba prohibido en su Estado de origen por una enmienda
constitucional, una ley, o una resolución judicial vinculante, la pareja no podría ser
casada en Massachussets.
Esta sucesión de decisiones judiciales en Massachussets generaron una
auténtica reacción en cadena, tanto por parte de los partidarios, como de los
oponentes del matrimonio homosexual en otros Estados. Por ejemplo, varias
ciudades y condados de los Estados Unidos –entre ellos, San Francisco, en
California, y Portland, en Oregón– empezaran a celebrar bodas de parejas del
mismo sexo y a expedir certificados de matrimonio por millares. Frente a ello, los
opuestos a esta práctica argumentaron que estos matrimonios violaban las leyes
estatales existentes, y llevaron el caso a los tribunales, con el resultado de que
antes de que hubiera terminado el año los Tribunales Supremos de California y
Oregón habían declarado nulos los matrimonios entre personas del mismo sexo
celebrados hasta el momento. Ambos tribunales coincidieron en apreciar que las
autoridades locales de San Francisco y Portland habían aplicado de manera
inapropiada las leyes del Estado al celebrar bodas y expedir certificados de
matrimonio a parejas del mismo sexo.
En un sentido diametralmente opuesto, la iniciativa de Massachussets
generó una reacción de oposición al matrimonio entre parejas del mismo sexo en
numerosos Estados, y en la primavera de ese mismo año en trece de ellos se
iniciaron acciones encaminadas, bien a introducir reformas en las Constituciones
estatales para insertar en ellas una definición del matrimonio como la unión entre
un hombre y una mujer, bien a garantizar que el Estado no reconocería uniones
civiles que diesen a las parejas de personas del mismo sexo un estatus similar al de
los matrimonios.
Los resultados de estas iniciativas empezaron a materializarse en los Estados
de Missouri y Louisiana durante las primarias de 2004, cuando una abrumadora
mayoría de electores aprobaron una enmienda constitucional de este tipo. El resto
de los Estados, por su parte, introdujo enmiendas constitucionales para definir el
matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer en
4 Las ocho parejas en cuestión procedían de Connecticut, Rhode Island, New Hampshire,
Vermont, Maine y Nueva York. Entre ellas se encontraban Sandi y Bobbi Cote-Whitacre de
Essex Junction, Vt., que habían visto reconocida su unión civil en su Estado de Vermont pero
que deseaban contraer matrimonio.
28 Elvia M. Solano
referendums celebrados al tiempo que las elecciones de noviembre de ese mismo
año. 5 Más aun, después del abrumador respaldo dado a la medida por los
electores en noviembre de 2004, el apoyo a la prohibición del matrimonio entre
personas del mismo sexo creció también en otros Estados. Así, Kansas y Texas
aprobaron prohibiciones de rango constitucional en 2005, y en 2006 lo hicieron
otros seis Estados: Alabama, Idaho, Colorado, Dakota del Sur, Carolina del Sur,
Tennessee, Virginia, y Wisconsin.
Por el contrario, el 7 de noviembre de 2006 los electores de Arizona
rechazaron en las urnas una enmienda constitucional para prohibir los
matrimonios entre personas del mismo sexo y negar a estas parejas otros
beneficios garantizados a las parejas no casadas, convirtiéndose en el primer –y
hasta ahora único– Estado en rechazar la medida.
En un tercer sentido, la decisión del Tribunal Supremo de Massachussets
también generó el efecto de proyectar la cuestión del matrimonio entre personas
del mismo sexo al centro del debate político nacional, dando pie a que algunos
congresistas conservadores empezaran a demandar la adopción de medidas para
neutralizar el activismo de algunos tribunales estatales, a los que acusaban de no
respetar la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996. Dicha oposición se concretó
en la proposición ante el Congreso de la adopción de una Enmienda
Constitucional –la llamada Federal Marriage Amendment, o FMA– con la que cortar
definitivamente el paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo, bien
estableciendo la inconstitucionalidad del reconocimiento general de los
matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los Estados que los
permitiesen al amparo de la equal protection clause, bien –de manera más evidente–
insertando en la Constitución de los Estados Unidos una cláusula en virtud de la
cual el matrimonio quedase definido como la unión entre un hombre y una mujer.
La proposición de la FMA partió de sectores sociales y religiosos de
orientación conservadora, temerosos de que la DOMA pudiera eventualmente ser
declarada inconstitucional, como consecuencia del consenso cada vez mayor en
torno a su incompatibilidad con la full faith and credit clause de la Sección Primera
del Artículo IV de la Constitución Federal. La FMA es sin duda el proyecto de
reforma constitucional para prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo
que más controversia ha suscitado, ya que al haberse planteado a nivel federal
implica la reforma de un documento cuasi sagrado como es la Constitución de los
Estados Unidos. Los adversarios del proyecto argumentan que sería la primera vez
en la historia que la Constitución de los Estados Unidos fuera enmendada para
recortar, en lugar de para expandir, los derechos civiles. En cambio, los
republicanos conservadores, y entre ellos altos cargos del Congreso y hasta el
propio Presidente George W. Bush, han expresado en varias ocasiones su
5 De este modo, entre agosto y noviembre de 2004, los electores de 13 Estados (Missouri,
Louisiana, Arkansas, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi, Montana, Dakota del Norte, Ohio,
Oklahoma, Oregón y Utah) aprobaron enmiendas constitucionales para limitar el matrimonio a
parejas de distinto sexo.
La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en los EE.UU. 29
respaldo a esta reforma. En concreto, en su discurso a la nación del 24 de febrero
de 2004, 6 el Presidente Bush declararía:
«El matrimonio no puede ser disociado de sus raíces culturales, religiosas y naturales sin
que ello debilite su buena influencia sobre la sociedad. El Gobierno, al reconocer y
proteger el matrimonio, sirve a los intereses de todos. Hoy insto al Congreso a adoptar
con la mayor celeridad posible y a remitir a los Estados para su ratificación, una
enmienda a nuestra Constitución que defina y proteja el matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer que se convierten en marido y mujer. Esta enmienda
debería proteger por completo el matrimonio, dejando a los legislativos de los Estados
libertad para seguir sus propias opciones a la hora de definir otras instituciones jurídicas
distintas del matrimonio.»
En cuestión de días a partir del discurso del Presidente Bush, los Subcomités
de Asuntos Judiciales relativos a la Constitución de ambas cámaras iniciaron una
serie de audiencias sobre la cuestión, la primera de las cuales tuvo lugar el 20 de
marzo de 2004. En ella se debatió una primera versión de esta enmienda que ya
había sido propuesta a la Cámara por la representante republicana por Colorado
Marilyn Musgrave (H.J Res. 56) el 21 de mayo de 2003, y que sostenía:
«En los Estados Unidos el matrimonio consistirá únicamente en la unión de un hombre y
una mujer. Ni esta Constitución, ni la Constitución de ningún Estado, ni ninguna ley
estatal o federal podrá ser interpretada de manera que confiera el estatus matrimonial o
sus consecuencias jurídicas a parejas no casadas o grupos.»
En el Senado, también fue introducida una enmienda de tenor similar (S.J.
Res. 1) el 23 de marzo, en la que con un lenguaje muy similar se proponía
«En los Estados Unidos el matrimonio consistirá únicamente en la unión de un hombre y
una mujer. Ni esta Constitución, ni la Constitución de ningún Estado, podrá ser
interpretada de manera que el matrimonio o sus consecuencias jurídicas sean conferidas
a uniones distintas de las uniones entre un hombre y una mujer.»
A pesar de los muchos apoyos suscitados por las distintas versiones de la
enmienda, y de las muchas sesiones dedicadas al asunto, el 15 de julio de 2004 el
Senado rehusó seguir adelante con el proceso de reforma constitucional, gracias a
una apretada votación de 50 a 48. 7
No vinculada por la decisión del Senado, la Cámara de Representantes
siguió debatiendo sus propias versiones de la enmienda durante varios meses más.
6 «President Calls for Constitutional Amendment Protecting Marriage. Remarks by the
President», The Roosevelt Room, Office of the Press Secretary (February 24, 2004), on-line en
www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040224-2.html#
7 En puridad, la votación no fue sobre el fondo de la cuestión, sino sobre una cuestión de
procedimiento, aunque sus efectos fuesen casi idénticos. Según el reglamento del Senado la
cámara debe realizar en primer lugar el llamado cloture vote, en virtud del cual se acuerda cerrar
el debate sobre un asunto y pasar a votarlo. La adopción de este tipo de acuerdo requiere una
mayoría de los tres quintos (60 votos, pues), y su rechazo supone sencillamente que el debate
no se considera maduro, y que la cuestión de fondo no puede ser de momento resuelta.
30 Elvia M. Solano
A la postre la Cámara acabó consensuando una redacción en la que sencillamente
se afirmaba que «En los Estados Unidos el matrimonio consistirá únicamente en la
unión de un hombre y una mujer», y que fue votada el 20 de septiembre de 2004.
Pero también en esta ocasión la enmienda se quedó lejos de la mayoría cualificada
precisa para su adopción, ya que solo 227 representantes votaron a favor, frente a
186 que lo hicieron en contra y 20 que se abstuvieron. 8
Después de su fracaso en 2004, la idea de enmendar la Constitución para
prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo aun fue nuevamente llevada
ante el Congreso en una segunda ocasión, en mayo de 2006, esta vez de la mano
de los miembros republicanos del Comité de Asuntos Judiciales del Senado.
Después de un apasionado debate, la ahora rebautizada Marriage Protection
Amendment fracasó nuevamente, al ser derrotada el 7 de junio en el Senado por 49
a 48 votos, y al no recibir el suficiente apoyo de la Cámara en su votación del 18
de julio, cuando 236 representantes se manifestaron a favor y 187 en contra –de
nuevo una mayoría insuficiente para satisfacer la mencionada exigencia de dos
tercios.
Durante todo este tiempo, los defensores de esta enmienda han venido
insistiendo en que su adopción resultaba un elemento esencial para impedir que la
sociedad se viese forzada a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo,
en la medida en que limitaría la inclinación de algunos Tribunales Supremos
estatales a conceder derechos propios del matrimonio a las uniones entre
homosexuales y lesbianas. Por su parte, los contrarios a la enmienda
argumentaron que la toma de decisiones en materia de matrimonio era cuestión
que solo competía a los Estados, y no al Gobierno federal, si bien era evidente que
la cuestión en liza no era tanto una disputa sobre competencias normativas entre
la Federación y los Estados, como una cuestión de hondo significado político y
moral. 9
Los sectores favorables al matrimonio entre personas del mismo sexo han
venido argumentando que la FMA constituye un proyecto discriminatorio, en
contra de un grupo al que la sociedad considera diferente en función de sus
preferencias sexuales, y que su constitucionalización sería contraria al federalismo,
8 Como es sabido, la introducción de enmiendas a la Constitución federal puede llevarse a
cabo a través de dos procedimientos, especificados ambos en el Artículo V de la Constitución. El
primero estipula que la enmienda propuesta debe ser aprobada tanto en el Senado como en la
Cámara de Representantes por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, y que a
continuación se precisa la ratificación por los legislativos o por convenciones de las tres cuartas
partes de los Estados de la Unión, que en estos momentos serían 38. El segundo método
permite la introducción de enmiendas cuando así lo decida una Convención Constitucional
convocada al efecto, requiriéndose para ello la solicitud de los legislativos de dos tercios de los
Estados de la Unión y –de nuevo– la ratificación de la propuesta resultante por las tres cuartas
partes de los Estados de la Unión; método este último notablemente más complejo que el
anterior y que jamás ha sido ensayado.
9 Material abundante sobre el debate puede hallarse en Federal Marriage Amendment
(FMA) Background and talking points, on line en el servidor web de la Cámara de Representantes
en www.house.gov/hensarling/rsc/doc/Pitts--FMA%20talking%20points.pdf>
La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en los EE.UU. 31
e incluso a la democracia. En palabras del Dale Carpenter, del think tank Cato
Institute, 10 las razones por las que la enmienda sería contraria al modelo federal
instaurado en 1787 son claras:
«El compromiso de la nación con el federalismo se halla entronizado en la enumeración
que la Constitución hace de los poderes del Congreso en su Artículo I, y en la reserva
de los demás poderes en favor de los Estados en la Décima Enmienda. Más en concreto,
los Estados han sido tradicionalmente los responsables de todo lo relacionado con el
Derecho de Familia, incluyendo la definición de matrimonio. Y aunque la legislación
federal ha reconocido los matrimonios válidamente contraídos en los Estados, nunca ha
habido una definición nacional de matrimonio impuesta sobre todos los Estados por el
Congreso o por los tribunales federales.»
En cuanto al carácter antidemocrático de la enmienda, Carpenter ha
argumentado que la FMA recortaría de hecho los derechos de los ciudadanos.
«La enmienda constitucional tendría como efecto el de permitir a la gente de algunos
Estados ordenar a la gente de otros Estados que no experimenten con su propia
legislación estatal sobre la familia. La gente de esos Estados, tradicionalmente libre para
actuar, bien por iniciativa popular, bien a través de sus legislativos, perdería su derecho a
considerar la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo (y quizás también
a introducir las uniones civiles o relaciones domésticas).»
Adicionalmente, y en palabras del académico conservador Bruce Fein, 11 en
el Washington Times:
«La enmienda enervaría el autogobierno. La regla de la mayoría simple en fluctuación
concorde con la opinión popular entraña una presunción robusta en toda democracia.
Pero esa presunción y sus consecuencias quedarían anuladas por la rigidez constitucional
y la finalidad de una enmienda constitucional contraria al matrimonio entre personas del
mismo sexo.»
Más allá de las tesis de Carpenter, se ha argumentado que la denegación de
derechos o beneficios a los homosexuales y las lesbianas por la legislación federal
sería contraria a la Decimocuarta Enmiendo, que garantiza la igual protección de la
ley y el derecho a un proceso debido, lo que equivale a afirmar que los derechos
conferidos a una persona no pueden ser denegados a otra.
Por su parte, los defensores de la FMA también han llevado a cabo una
amplia campaña de explicación de sus argumentos a favor de una reforma de la
Constitución Federal encaminada a proteger la institución del matrimonio, basada
en la afirmación de que el reconocimiento de las uniones entre personas del
mismo sexo suponen una amenaza para el matrimonio, que a su vez constituye una
institución social fundamental.
10 Dale Carpenter: «The Federal Marriage Amendment. Unnecessary, Anti-Federalist, and
Anti-Democratic», Cato Institute Policy Analysis nº 570 (1 de junio de 2006), on-line en
www.cato.org/pubs/pas/pa570.pdf
11 Bruce Fein: «Constitutional Rashness», The Washington Times de 2 de septiembre de
2006, p. A14.
32 Elvia M. Solano
Los proponentes de esta medida parten de una consideración del
matrimonio ligada a percepciones culturales y religiosas que ven a éste como una
institución esencialmente encaminada a la procreación, y consideran que ha
desempeñado un importante papel histórico en la conformación de la cultura
americana, y que sigue aun hoy desempeñando una importantísima función social.
De hecho, entre los más activos defensores de la FMA se cuentan los líderes de
congregaciones como la African Methodist Episcopal Church (AME); una de las
denominaciones religiosas más populares entre la población de color; la Alianza
Ministerial Evangélica Nacional, una de las mayores agrupaciones religiosas de
hispanos; Agudath Israel of America, una importante organización judía
estadounidense, o la Coalición Presbiteriana, entre otras. Esta postura argumenta
que la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo socavaría la
institución matrimonial, la familia, y el conjunto de la sociedad, afirmación que a
menudo se complementa con una consideración negativa de la homosexualidad, a
la que se considera inherentemente errónea y contraria a los más sagrados
principios de la fe.
El problema radica en que la raíz religiosa de la oposición al matrimonio
entre personas del mismo sexo encaja mal con el hecho de que la libertad religiosa
sea uno de los derechos más estimados por los norteamericanos, y la separación
entre el Estado y las iglesias uno de sus principios fundamentadores. El matrimonio
en los Estados Unidos –se argumenta– debería dejar de estar mediatizado por un
credo religioso o unas raíces culturales determinadas, como paso previo a
terminar con los injustos privilegios derivados del reconocimiento solo de las
uniones entre heterosexuales.
Junto a los sectores religiosos que se han opuesto al matrimonio entre
personas del mismo sexo, también lo han hecho numerosos políticos
conservadores, principalmente republicanos, aunque también los haya habido
procedentes del Partido Demócrata. Entre ellos destacaría el Senador republicano
por Kansas Sam Brownback –como Romney, candidato a la nominación
presidencial por su partido para el 2008– quien poco después de votar a favor de
la enmienda constitucional en el Senado, el 7 de julio de 2006 declaró: 12
«Estamos haciendo progresos, y no vamos a detenernos hasta que el matrimonio entre
un hombre y una mujer quede protegido. Protegido por los tribunales, protegido en la
Constitución, pero sobre todo, protegido por la gente y por el futuro de nuestros hijos
en esta sociedad.»
La afirmación del Senador Brownback señaló que tanto los líderes religiosos
como los políticos conservadores que, como él, se oponían al matrimonio entre
personas del mismo sexo basaban su apoyo a la enmienda de la Constitución en
una mixtura de convicciones religiosas y posicionamientos políticos. En concreto,
12 Véase la crónica de Shailagh Murray: «Gay Marriage Amendment Fails in Senate», The
Washington Post de 8 de junio de 2006, p. A01. Se puede consultar la versión on-line en
www.washingtonpost.com
La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en los EE.UU. 33
argumentó, habida cuenta de que una mayoría de americanos se hallaba opuesta al
matrimonio entre personas del mismo sexo, solo la introducción de una enmienda
a la Constitución Federal prohibiéndolo podría evitar que éste les fuera impuesto
en sus Estados como consecuencia de su legalización en algún Estado –como había
sido el caso de Massachussets–, y la posterior exigencia de los interesados en dar a
su inscripción matrimonial plenos efectos en el resto de la Unión en virtud de la
full faith and credit clause de la Sección Primera del Artículo IV de la Constitución.
Igualmente argumentaría que aunque los homosexuales y las lesbianas puedan con
toda libertad tomar las decisiones que mejor se correspondan con sus criterios,
no sería democrático que intentasen imponer éstas al conjunto de la sociedad
americana, que mayoritariamente rechaza considerar apropiado dicho
comportamiento. 13
En cualquiera de los casos, lo cierto es que el apoyo popular a una
enmienda constitucional que prohíba el matrimonio entre personas del mismo
sexo ha empezado a declinar, a medida que aumenta el número de los que creen
que el Congreso debería dedicarse a otros importantes asuntos. 14
En todo caso, la experiencia de estos últimos años demuestra que si los
defensores de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
consideran que la cuestión es en verdad un asunto de honda trascendencia pública,
harían mejor en buscar modos menos extremos de abordar el asunto. En los
Estados Unidos la reforma de la Constitución es una medida sumamente compleja
e inusual, que solo ha sido utilizada para abordar cuestiones de mucha
trascendencia, 15 y no parece que en estos momentos el matrimonio entre
personas del mismo sexo caiga en esa categoría a los ojos de muchos americanos.
(Traducción del inglés de
CARLOS FLORES JUBERÍAS)
13 En estos momentos, 41 Estados tienen vigentes Leyes de Defensa del Matrimonio, que
en tres de esos casos son incluso anteriores a la DOMA de 1996. Adicionalmente, 27 Estados
han definido el matrimonio en sus constituciones como la unión entre un hombre y una mujer.
Véase al respecto www.ncsl.org/programs/cyf/samesex.htm
14 Así, una encuesta recientemente realizada por la Universidad de Quinnipiac en
noviembre de 2006, en la que se preguntaba a los encuestados si apoyarían o se opondrían a una
enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que prohibiese el matrimonio entre personas
del mismo sexo, demostró que el apoyo a esta medida estaba descendiendo desde 2004. Si los
sondeos llevados a cabo entre el 16 y el 22 de marzo de 2004 habían revelado que el 51% de los
entrevistados se oponía a enmendar la Constitución, los realizados entre el 13 y el 19 de
noviembre de 2006 revelaba que esta cifra había aumentado hasta el 53%. Véanse los detalles en
www.pollingreport.com/civil.htm
15 Como es sabido, solo en 27 ocasiones desde que fuera aprobada. Lo que, dejando de
lado las diez primeras enmiendas, aprobadas en bloque al poco de su adopción, supone que lo ha
sido apenas diecisiete veces en doscientos años.