Familias homoparentales

Desde 1987 y durante casi diez años, circularon en América Latina diversas
historias sobre el secuestro y asesinato de niñas y niños con el fin de extraer
sus órganos. Se decía que a las criaturas se las robaban en la Ciudad de
México —o en pequeños poblados de las regiones montañosas de Perú o
en barriadas pobres de Brasil—. Se afirmaba que eran sustraídas en autos
Volkswagen —o en pequeñas furgonetas—, y que los robos eran cometidos
por ciudadanos de Estados Unidos —o por turistas japoneses o bandas
criminales—. Se contaba que niñas y niños eran trasladados a Ciudad
Juárez —o a Tijuana o a California—, donde se les extirpaban los riñones, el
corazón, los pulmones o las córneas. También corría la versión de que empobrecidos
padres de familia entregaban a sus criaturas para que fueran
adoptadas en otros países, deseando para ellas una vida mejor en Estados
Unidos o en Europa, pero que había intermediarios sin escrúpulos que las
vendían para que se les extrajeran los órganos.
Estos relatos provocaban diversas reacciones. En 1988, el Parlamento
Europeo aprobó una resolución que condenaba el tráfico de menores para la
adopción y la venta de órganos. Muchas madres habitantes de barrios pobres
y localidades fronterizas encerraban a sus hijos en sus viviendas. El
Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó, en un principio, que
Adopción transnacional: robo de criaturas,
familias homoparentales y neoliberalismo1
Laura Briggs
1 Deseo agradecer en primer lugar a Gabriela Cano y a Patricia Vega su hospitalidad,
conversaciones, bibliotecas personales y trabajo de edición, que han contribuido de
manera invaluable a la escritura de este artículo. Estoy también en deuda con el Programa
Universitario de Estudios de Género de la UNAM, que me acogió durante mi investigación
en México y en cuyo ámbito comenzó a escribirse este texto a manera de
conversación. Marisa Belausteguigoitia, Silvia Núñez García, Pamela Voekel y Bethany
Morton hicieron aportaciones valiosísimas a la redacción de una versión anterior. Agradezco
también a las integrantes de DEBATE FEMINISTA quienes me animaron a publicar
este avance de mi trabajo.
Laura Briggs 47
esas historias formaban parte de un complot comunista para desacreditar
al país, y después aseguró que constituían una leyenda urbana obra de
analfabetos. En 1994, un periodista estadounidense definió el fenómeno
como “realismo mágico alucinado”2 (Orlebar 1994: A1). Sin embargo, el rumor
se negaba a morir, quizá porque resultaba verosímil para muchos. Lo
cierto es que esos relatos aludían a la violencia inherente al creciente flujo de
criaturas de Sur a Norte, al hecho de que quienes tienen dinero pueden
adoptar a los hijos de quienes carecen de medios para cuidar de ellos, a un
“libre comercio” de infantes en el que las élites mundiales, como siempre, se
benefician a expensas de los pobres del mundo. Pero podrían ser, también,
algo más que una metáfora. Se sabe del tráfico de niños y niñas para incorporarlos
a la prostitución y la pornografía; nadie desconoce que los niños
de la calle son vistos como un estorbo y un peligro, y que en ocasiones son
asesinados por la policía o los militares. Si el tráfico y el asesinato de niños
están tan abundantemente documentados, ¿qué nos hace pensar que las
historias sobre el contrabando de órganos son inverosímiles?
También en 1987, en Boston, Massachusetts, dos hombres abiertamente
homosexuales se convirtieron en padres adoptivos (“foster parents”)3 de un
par de hermanos. Cuando el Boston Globe publicó la historia en primera
plana, el gobernador del estado, el candidato presidencial demócrata Michael
Dukakis, envió inmediatamente trabajadores sociales a recoger a los dos
niños a la escuela sin siquiera permitirles regresar a casa para recoger sus
pertenencias, como si cualquier contacto adicional con sus padres adoptivos
gays supusiera para ellos un peligro. Pocos meses después, un juez de Boston
impidió que una “mujer soltera” y su “compañera de cuarto” adoptaran a
una niña peruana que había vivido con ellas durante nueve meses, bajo la
sospecha de que había “homosexualidad en ese hogar”. La pequeña fue
devuelta a un orfanato de Perú, y las agencias de adopción cancelaron toda
posibilidad de adopción por parte de personas homosexuales.
2 La expresión original es “magic realism on acid”, es decir, realismo mágico bajo el
efecto de drogas alucinógenas (N. de la T.).
3 En Estados Unidos, la expresión “foster parents” se refiere a las personas que se
hacen cargo de la crianza de niños ajenos, sin convertirse en sus padres o madres. El
estado les paga por cuidar de esas criaturas, cuyos padres biológicos no pierden
totalmente sus derechos sobre ellas, pero que pueden haber sido acusados de negligencia
o abuso. Los “foster parents” asumen de ese modo la función de subcontratistas
del gobierno (N. de la T.).
48 fronteras norte/sur
Estos sucesos desencadenaron un movimiento político entre mujeres y
hombres homosexuales a favor de su derecho a adoptar niños. El movimiento
alcanzó dimensiones internacionales al extenderse de Estados Unidos
a España, Canadá y México. A ello se sumó una coyuntura política propicia
a la reducción de los impedimentos para la adopción legal por parte de
otro tipo de personas supuestamente indeseables como padres y madres
adoptivos: personas solteras (generalmente mujeres) o de clase trabajadora,
parejas heterosexuales en las que la mujer trabajaba fuera de casa, personas
de color, parejas de tradición religiosa mixta o sin religión. El movimiento
alcanzó cierto éxito; en España y Canadá ya no existen obstáculos legales
para la adopción por parte de homosexuales. En México y Estados Unidos
la posibilidad de que lesbianas y gays adopten criaturas depende de cada
estado y juez. Las barreras para otro tipo de personas están derrumbándose
y, actualmente, la mayoría de quienes desean adoptar puede hacerlo, lo que
representa un cambio considerable respecto de las circunstancias de hace
treinta años. Sin embargo, es preciso estar dispuesto a desembolsar cantidades
importantes de dinero para poder gozar de este “derecho”.
Ambas situaciones plantean problemas acuciantes para las feministas,
pero los discursos tienen implicaciones políticas opuestas. En el primer
caso, las madres de las clases populares latinoamericanas afirman temer
que sus hijos sean explotados, dañados o asesinados. Este tipo de discurso
debería obligar al estado y a las autoridades migratorias internacionales a
hacer más difícil la transferencia, el desplazamiento y la adopción de criaturas,
a supervisar esos procesos con mayor cuidado y a regularlos mejor.
Sin embargo, el movimiento político que pugna por liberalizar las leyes y los
reglamentos en torno a la adopción tiene también fuertes implicaciones para
la vigencia de los derechos humanos. Durante décadas, las feministas han
venido afirmando que los estados deben poner fin a la perversa vigilancia
que ejercen sobre las madres (piénsese en el caso de Elvira Luz Cruz), y han
estado demandando que los gobiernos dejen de tratar a toda madre pobre o
soltera como si fuese culpable de abuso infantil o cosas peores. A su vez, los
movimientos a favor de los derechos de las personas homosexuales exigen
el acceso de los padres y madres gays, lesbianas y transgénero a sus hijos
biológicos y a la gama completa de opciones de adopción, tratamientos contra
la infertilidad y otras alternativas reproductivas.
En este artículo examino la lógica que hace que estos discursos aparentemente
divergentes resulten coherentes entre sí. Mi argumento es el siguiente:
a pesar de que parecen opuestos, estos relatos están vinculados; represenLaura
Briggs 49
tan dos caras del neoliberalismo y la globalización. Sostengo que el neoliberalismo
y la globalización están produciendo dos tipos de posmodernidad,
de racionalidad y de economía. En el primero, el aumento de la riqueza
acarrea consigo un amplio conjunto de “derechos” y privilegios que incluyen
los relacionados con la formación de una familia y la crianza de criaturas;
éste es el mundo donde los rumores sobre el tráfico de órganos infantiles
suenan a “realismo mágico alucinado” y donde la adopción transnacional
de criaturas puede o no estar relacionada con los viajes turísticos y de compras.
En el segundo, niños y niñas se vuelven más vulnerables a medida que
el acceso de sus padres al empleo y al salario se hace cada vez más incierto;
aquí, la adopción transnacional evoca el secuestro y la explotación.
Naciones, modernidades, familias
El discurso a favor de la adopción internacional es implícitamente desarrollista.
Está teñido de ideologías sobre el atraso, el contraste entre el primer y
el tercer mundos y las características de quién puede más legítima o adecuadamente
hacerse cargo de niñas y niños. Estados Unidos y diversos países
de Europa, así como Australia e Israel, adoptan; Guatemala, China, Europa
del Este y Corea dan en adopción. México ocupa un lugar intermedio; no es
una fuente importante de criaturas legítimamente adoptadas fuera de sus
fronteras, pero quizá sí un país donde se originan adopciones ilícitas. En
México hay muchas presiones para “modernizar” los códigos de derecho
familiar, a fin de que las leyes en torno a la adopción se asemejen a las de
Estados Unidos (Palacios Tépate 2005). Los discursos a favor de la adopción
internacional entrañan fantasías de rescate así como un ardid oculto
en la dicotomía colonialista que opone la civilización al atraso: la gente
ilustrada y “moderna” de países como Estados Unidos lleva la civilización
a “salvajes” que son incapaces de cuidar a sus hijos y tratan bárbaramente
a sus mujeres. Este discurso pasa por alto, en primer lugar, las causas por
las que las criaturas quedaron insertas en un sistema de adopción internacional:
el hecho de que fueron esos mismos “civilizadores” quienes llevaron
la guerra abierta a Guatemala y Corea, y la guerra fría a China y Europa del
Este. Aunque quizá no actuó solo, Estados Unidos desempeñó en particular
un papel decisivo en el desamparo de esas criaturas. La adopción es un
símbolo político tanto como una solución a la crianza de las criaturas. Este
discurso asigna una responsabilidad especial a la familia en tanto símbolo
de modernidad, civilización y nación.
50 fronteras norte/sur
En este artículo pretendo invertir esta visión de la adopción internacional,
prestando atención a las formas en que la localidad nacional de origen
pierde importancia frente a la manera en que los individuos se insertan en
esta matriz de derechos —a la adopción, a la privacidad— y de vulnerabilidades
–-a perder a los hijos en manos del estado o de redes transnacionales
no gubernamentales—. La función ideológica de la nación en este discurso
sobre la adopción consiste en otorgar categoría de “natural” a lo que, en
realidad, tiene que ser explicado: los diferentes significados que se asignan
a los niños y a la ley de un lado y otro de la frontera. Contra el sentido
común, insisto en partir de un marco de referencia transnacional que permita
entender la adopción haciendo caso omiso de las fronteras nacionales
—fortificadas, militarizadas— y concentrar la atención, en cambio, en
lo que tienen en común las naciones. Esta perspectiva nos permite apreciar
cómo operan los paradigmas económicos y políticos neoliberales en la construcción
de criaturas “disponibles” y de geografías y arquetipos de “seguridad”
legal. El artículo se divide en tres partes. Para cuestionar la idea de que
la adopción se caracteriza por ser “moderna”, en la primera parte sostengo
que ésta es una práctica mucho más antigua y compleja que sus actuales
formas burocráticas específicas en Estados Unidos y Europa. En la segunda
parte propongo que existe una relación entre el sector “privado”, entendido
como mercado, y el ámbito de “lo privado”, entendido como el espacio de la
familia. A medida que el neoliberalismo expande el mercado, el ámbito privado
de la familia se va contrayendo o, más precisamente, la privacidad —en
tanto espacio libre de la intrusión gubernamental— se convierte en un “derecho”
que sólo puede ejercerse si se compra. No es sólo que estos dos ámbitos
son designados con la misma palabra, sino que, de hecho, resultan indistinguibles.
Por último, sostengo que, de la misma manera que las economías que
hacen vulnerables a algunas madres a perder a sus hijos son transnacionales
—como lo es la clase trabajadora a la que pertenecen—, también son
transnacionales los imaginarios en los que esos grupos habitan. Las clases
populares de América Latina y Estados Unidos se encuentran cada vez más
interrelacionadas: 10% de la población mexicana, 10% de la guatemalteca,
25% de la salvadoreña y 50% de la puertorriqueña viven en territorio de
Estados Unidos. Como afirmó Hugo Chávez en la Cumbre de las Américas
de 2005, no sólo los latinoamericanos están sujetos a la pobreza. Ésta se
encuentra equitativamente repartida entre los niños y las niñas de Estados
Unidos y las naciones latinoamericanas. De acuerdo con un informe del
Laura Briggs 51
UNICEF de 2005, en México 27.7% de la infancia vive en la pobreza, y en
Estados Unidos 21.9% se encuentra en la misma situación. Aunque las formas
que asume esa pobreza son diferentes, algunas criaturas en ambos países
tienen existencias sorprendentemente similares. En México, una
importante cantidad de niñas y niños trabajan para mantener a sus familias
en los límites de la supervivencia, renunciando a asistir a la escuela; en
Estados Unidos, la única clase de niños a quienes no se les exige asistir a la
escuela y que están exentos de las leyes que prohíben el trabajo infantil, es la de
los trabajadores agrícolas migrantes, mexicanos en su inmensa mayoría.
¿Es moderna la adopción?
Lejos de ser un fenómeno exclusivo de los estados y de (algunas) naciones,
la adopción infantil ha sido probablemente practicada en toda época y lugar.
Entre los textos sagrados de la cristiandad, la adopción aparece como
una de las metáforas predilectas de Pablo, el autor de epístolas: los cristianos
son los “hijos adoptivos de Dios”; podemos colegir, por tanto, que los
antiguos hebreos practicaban la adopción. El historiador Tobias Hübinette
ha establecido que la adopción tiene más de 1000 años de antigüedad en
Corea y China, y Ann Blum ha identificado su ejercicio en todas las clases
sociales y regiones de México desde el periodo colonial (Blum 1998: 240-71;
Hübinette 2005). Históricamente, la adopción ha asumido formas muy diferentes;
una de ellas es la relacionada con la herencia en Europa y en China,
por ejemplo, donde hombres ricos sin hijos podían adoptar a un sobrino
para heredarle sus propiedades. Se ha practicado también como medio para
allegarse mano de obra; tal es el caso del occidente de Estados Unidos,
donde los rancheros adoptaban, digamos, niños irlandeses de la Costa Este
como trabajadores suplementarios, o bien incorporaban al trabajo a niños
indígenas provenientes de algún internado local. Otra forma histórica de
la adopción es la que implica la responsabilidad de alfabetizar y educar a la
criatura —como han hecho durante siglos los conventos, los monasterios y
los patrones ricos— o de entrenarla para desempeñar algún oficio, como
aprendiz. Estas modalidades de la adopción han abarcado todo tipo de
relaciones interpersonales, incluida la esclavitud —como en el caso de las
criaturas indígenas y africanas compradas y vendidas en todo el continente
americano (Jones 1999: 220-41; Máynez Puente 1983) —, los contratos de
aprendizaje que establecían compromisos de trabajo por periodos determinados
o los lazos de afecto entre padre o madre e hijo o hija. La adopción
comprende también todas las combinaciones posibles de esas formas de
52 fronteras norte/sur
relación, una de las cuales es la explotación sexual, con frecuencia —aunque
no exclusivamente— de niñas.
Se ha dicho a menudo que la adopción es más típica de Estados Unidos
—donde la gente tiene más confianza en las leyes y el gobierno— que de
México —donde la población confía más en la institución familiar—. El
argumento de la “modernidad” insiste alternativamente en que la adopción
es un tipo especial de contrato entre el estado liberal y la familia, y en que la
adopción “moderna” (la formal y burocrática) corresponde a Estados Unidos,
mientras que la adopción “premoderna” (la informal) caracteriza a
América Latina. Creo que ambas afirmaciones son erróneas. Como argumenta
Néstor García Canclini, la modernidad no es un periodo, una ruptura
temporal con lo premoderno, sino una construcción ideológica en torno a
fenómenos coexistentes. Para escapar de la periodización necesitamos una
narrativa más compleja. La adopción abarca diversas relaciones, que yo
clasifico en tres categorías: 1) las formales y burocráticas, 2) las informales y
3) las forzadas y encubiertas. En la siguiente sección me referiré a las dos
primeras, dejando la última para el final. Si hemos creído hasta ahora que la
adopción informal es “premoderna” (en virtud de que se sustrae a la acción
del estado), reinsertarla en este otro marco de referencia puede contribuir a
modificar nuestra manera de entender la adopción.
En México, la adopción formal, sujeta a procedimientos burocráticos,
está regulada principalmente por el Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), la red de hogares para madres solteras y el sistema legal de
cada uno de los estados que conforman el país. En 1917, se definió legalmente
por primera vez la adopción como una relación entre el padre o la madre, la
criatura y el estado. Antes de la revolución, la regulación de la adopción
dependía de las políticas particulares de las instituciones de atención a la
infancia, que permitían la adopción por múltiples razones, desde el deseo
de formar una familia hasta la necesidad de contar con mano de obra no
remunerada.
La adopción es, claramente, un fenómeno de clase. Desde el siglo XIX
hasta el presente, mujeres de diferentes clases sociales abandonan a sus
bebés y niños por distintos motivos. A partir de un análisis de los registros
del hospicio para criaturas abandonadas más antiguo de la Ciudad de México,
la Casa de Niños de San José Expósitos —o Casa de Cuna, como se le
conocía—, la historiadora Ann Blum establece que para las clases ricas el
abandono era un modo frecuente de resolver un problema relacionado con
el honor de la familia, con o sin el consentimiento activo de la madre biolóLaura
Briggs 53
gica. Las jóvenes y mujeres solteras que se embarazaban podían acudir,
quizá bajo la presión de los padres o novios, al Departamento de Partos
Ocultos, dar a luz en secreto y transferir desde ahí a los recién nacidos a la
Casa de Cuna, donde podían ser criados o dados en adopción (Blum 1998).
En contraste, las mujeres de las clases populares recurrían al hospicio
para poder enfrentar desastres personales o familiares, como el abandono y
la enfermedad. La emigración a la Ciudad de México suponía para las familias
el riesgo de tener que abandonar a sus criaturas, ya que implicaba dejar
atrás sus redes de parentesco y compadrazgo. La razón más común, con
mucho, para que una mujer se separara de sus criaturas era la exigencia de
no tener hijos si se quería ser empleada en el trabajo doméstico asalariado. A
finales del siglo XIX, el trabajo doméstico representaba 43% del empleo femenino
remunerado. Las madres solteras tenían que trabajar para alimentar a
sus criaturas, pero la mayor parte de los empleos disponibles les exigía
renunciar a ellas.
Hoy en día persiste un patrón similar. Uno de los empleos más abundantes
para las mujeres que emigran de México a Estados Unidos es el
trabajo doméstico: el cuidado de los hijos de otras mujeres o la limpieza de
casas (Hondagneu-Sotelo 2001). Con frecuencia, los hijos de las mujeres
migrantes se quedan en México con algún pariente o amigo, casi siempre
con la esperanza de que su madre pueda mandar por ellos después. La Casa
de Cuna del siglo XIX trataba de impedir que las madres solteras recurrieran
a la institución para que les cuidara temporalmente a sus hijos; a menos que
sus madres pagaran elevadas cuotas por el alojamiento, las criaturas eran
rápidamente puestas a disposición para la adopción. A una mujer que regresara
a recoger a su criatura tres días después de haberla dejado, se le
decía que ya había sido adoptada (Blum 1998). Esta batalla continúa en la
actualidad. Se suele suponer que el DIF protege celosamente los derechos de
los padres biológicos y que favorece la recuperación de los hijos, pero que
las madres puedan recuperarlos realmente es otra cuestión. En el año 2000,
se descubrió en Jalisco que el Consejo Estatal de la Familia, una agencia del
DIF, violando sus propias normas, transfería con gran celeridad a las criaturas
a padres adoptivos que las esperaban en España. Las criaturas eran
separadas de sus familiares sin audiencia de por medio, se las transfería a
orfanatos distantes donde los empleados obtenían nuevas actas de nacimiento
en las que no aparecían los apellidos originales, y se las colocaba a
través de una agencia andaluza de adopción. Cuando los empleados fueron
descubiertos, se defendieron con argumentos de índole moral, según los
54 fronteras norte/sur
cuales esas criaturas eran niños de la calle que no recibían atención por
parte de sus madres, pobres y negligentes. Los empleados aducían que si los
europeos no se hicieran cargo, esas criaturas, ya mayores y difíciles, nunca
podrían tener una vida satisfactoria. Algunas de las madres estaban muy
involucradas en la vida de sus hijos —tanto, que intentaban suspender el
proceso de adopción—, pero los trabajadores sociales y los funcionarios no
parecían percatarse de ello (Cobián 2001, 2002, 2003).
Es probable que la adopción informal haya sido siempre la forma más
común de adopción, y aunque quizá recurran a ella con más frecuencia las
clases populares, también lo hacen las clases medias. A menos que la gente
se tope con la ley por alguna circunstancia desafortunada, es difícil documentar
la incidencia de esta forma de adopción. A decir verdad, quienes
escribimos sobre el tema deberíamos evitar un registro demasiado específico,
porque las familias pueden correr el riesgo de la intervención del estado,
tema al que volveré más adelante. Sin embargo, la adopción informal es
parte de la trama de la vida cotidiana, y casi todos hemos escuchado historias
al respecto. Yo supe, por ejemplo, del caso de dos comadronas de
Cuernavaca que ayudan a dar a luz a niños no deseados. Ambas mujeres
ofrecen colocar a los recién nacidos con mujeres que no pueden tener hijos y,
al parecer, así lo hacen. Sé de criaturas que han sido entregadas a tías y
primas a la muerte de su madre. Del otro lado de la frontera, tengo noticia de
una pareja de mujeres lesbianas que viven indocumentadas, como “ilegales”,
en el sur de Arizona; cuando la hermana de una de ellas, una joven de
Agua Prieta —creo—, tuvo un bebé, la hermana que vive en Estados Unidos
cruzó la frontera y llevó a la criatura consigo; ahora la cría en Arizona. La
existencia misma de la expresión “hijos de crianza” da cuenta de la frecuencia
de esta práctica.
Los periódicos también informan sobre esta costumbre. Un relato periodístico
habla de María de la Luz Guerrero Gómez, una mujer que vivía en la
Ciudad de México y trabajaba como comerciante ambulante. Luz tuvo ocho
hijos; vendía diversos artículos en la calle, y un día supo de otra mujer del
barrio, Paula Cruz Santiago, quien decía estar desesperada porque su marido
casi nunca tenía trabajo y ella tenía un bebé recién nacido. Aunque la
vida como ambulante con ocho hijos debe haber tenido a su familia al borde
de la supervivencia, Luz trataba de ayudar a Paula; a veces le daba cosas
para vender. Llegaron a conocerse muy bien, y seis meses después Paula
llevó a su hijo, Marcos, ante Luz; estaba asustada porque el bebé parecía
enfermo, tenía una fiebre muy alta, y ella no tenía dinero para acudir al
Laura Briggs 55
doctor ni para comprar medicinas. Luz llevó a Marcos a la clínica, le consiguió
medicinas y esperó a que Paula regresara. Tres días después la encontró
casi por accidente y Paula le pidió que se quedara con el bebé. Así lo hizo
Luz, y terminó por mudarse a Tijuana con él (Pérez 1993: B8).
Otra forma de relación, semejante y opuesta al mismo tiempo a la adopción
informal, es la de los niños de la calle entre sí y con ciertos adultos. Las
criaturas de familias sumamente pobres pueden llegar a tomar la decisión
racional de sobrevivir por sí mismas. Y aunque las estadísticas de mortalidad
de los niños de la calle son dramáticas, también lo son las de niñas y
niños que viven en familias muy pobres. De acuerdo con el UNICEF, en México
“Quinientos niños menores de cinco años mueren cada 24 horas a causa
de la desnutrición, y por la misma causa cada día se suma a la población la
cantidad de cinco mil menores dañados física y mentalmente de por vida”
(Martín Medem 1994: 50). Como lo ha mostrado Anne Bar Din en DEBATE
FEMINISTA, no es poco frecuente que criaturas incluso muy pequeñas, especialmente
cuando son los hijos mayores vivos de una familia y particularmente
si son niñas, asuman responsabilidades en el cuidado de sus
hermanos menores, mientras su madre sale a trabajar o a encontrar la manera
de llevar comida a la mesa (Bar Din 1993). Tampoco es raro, especialmente
si son varones, que los pequeños decidan probar suerte realizando tareas
extrañas o cometiendo delitos menores en la calle. Para bien o para mal,
estos niños pueden entablar relaciones con algún adulto, con alguna persona
que tenga un puesto de comida y les ofrezca trabajo o les permita dormir
en su zaguán y ocasionalmente les dé comida. Tengan o no vínculos con
la adopción informal, estas relaciones merecen atención en tanto implican la
separación total o parcial de las criaturas respecto de sus familias de origen
y constituyen una de las razones que frecuentemente se aducen para sostener
que América Latina necesita de un sistema de adopción internacional.
La familia neoliberal
En Estados Unidos, la adopción informal se produce, según la costumbre,
como resultado de un acuerdo entre personas individuales pero, paradójicamente,
se está convirtiendo en un arreglo crecientemente sometido a certificación
e, incluso, fomentado por el estado. Tías, tíos, abuelas y abuelos,
padrastros y madrastras, así como compañeros sexuales de los padres o
madres, siguen criando niños de manera informal. En casi todos los estados
de la Unión donde la adopción por parte de gays y lesbianas está prohibida,
uno de los padres, o ambos, pueden carecer totalmente de relación legal con
56 fronteras norte/sur
la criatura. Hay diferentes conceptos legales para definir la adopción “informal”
—tutela y crianza,4 por ejemplo—. Desde la década de 1970, cuando
el gobierno comenzó a asumir en forma creciente responsabilidades ante
los niños que consideraba víctimas de abuso o negligencia, la cifra de criaturas
adoptadas bajo las modalidades de tutela y crianza aumentó vertiginosamente.
En los años ochenta, muchos integrantes de clases populares se
empeñaron en la defensa del derecho a la crianza legal, que obtenían cuando
las criaturas, pertenecientes a sus familias extensas, quedaban bajo custodia
del estado; en esos casos, las personas interesadas en la crianza
comenzaban a recibir un subsidio gubernamental para atender a los niños.
A partir de 1995, sin embargo, un nuevo programa federal, el TANF
[Temporary Aid to Needy Families], sustituyó al AFDC [Aid to Families
with Dependent Children], ambos programas de seguridad social, y así se
facilitó mucho la colocación de las criaturas en hogares en los que faltaba
un padre o una madre —o un padre o madre adoptivos—. Esto permitía al
gobierno hacer pagos comparativamente más bajos a las personas encargadas
del cuidado de los niños. Actualmente, alrededor de la mitad de los
subsidios del TANF se otorga “por niño”, lo que implica que ninguno de los
adultos del hogar participa, por sí mismo, en el programa. La mitad de todas
esas erogaciones se destina a niños que viven con un pariente u otro adulto
que los cuida, pero que no goza de su custodia legal. De esta manera, los
trabajadores sociales y las agencias gubernamentales de Estados Unidos
están contribuyendo en realidad a formar familias a través de la adopción
“informal”.5
Vivir con una criatura respecto de la cual no se tiene la custodia legal
resulta tan fácil o tan difícil como las agencias gubernamentales lo decidan.
Cada escuela establece las normas sobre quién puede inscribir a los cursos
a una criatura. Los niños que no viven con sus madres biológicas pueden
ser considerados como “abandonados” y ser recogidos por el estado (Roberts
2002). Conseguir atención médica legal para las criaturas depende de cómo
evalúen los innumerables funcionarios menores la legitimidad del padre o
la madre “sustitutos”. Esas evaluaciones no se hacen en el vacío, sino en
contextos culturales y estatales que pueden ser más o menos represivos,
4 “Fostering”, en inglés (N. de la T.).
5 Smith, Anne Marie, comunicación personal. Véase su libro en prensa, Welfare Reform and
Sexual Regulation (Cambridge University Press).
Laura Briggs 57
suspicaces o punitivos. Me parece que hoy en día resulta mucho más difícil
que esas relaciones informales sobrevivan al escrutinio gubernamental debido
a razones relacionadas con el neoliberalismo.
En efecto, tanto en México como en Estados Unidos se está desarrollando
una forma de organización que yo denomino “familia neoliberal”. El
neoliberalismo se caracteriza ante todo por la privatización —de las industrias
nacionales, de la atención a la salud, la educación, el cuidado de los
niños, la seguridad social y así sucesivamente—. Las feministas, que concebimos
analíticamente el espacio “privado” de lo doméstico como una construcción
ideológica, debemos percatarnos de que enfrentamos no solamente
un sistema económico, sino un sistema familiar. A la familia se le está demandando
con creciente intensidad asumir la responsabilidad de aquello
que el estado ya no hace y de lo que el libre mercado ya no puede extraer
ganancias: la atención a la salud en general y a la salud mental en particular,
las pensiones y jubilaciones, y toda la gama de programas de seguridad
social. Como sostienen Lisa Duggan y Richard Kim, ésta es la razón por la
que la lucha a favor del matrimonio homosexual se está fortaleciendo en
este momento. Las personas homosexuales experimentan con mayor urgencia
la necesidad de que el estado reconozca sus relaciones porque a sus
familias se les está exigiendo más trabajo y, sin embargo, ahora son más
vulnerables que antes (2005).
Simultáneamente, estamos asistiendo a la privatización de los “derechos”.
La noción clásica supone que los derechos son inherentes a la persona
en virtud de que es humana, algo que el estado está obligado a respetar.
Y aunque es obvio que los derechos nunca han sido universalmente respetados,
ni reconocidos siquiera, el proceso por el que se define quién tiene
(realmente) derechos está haciéndose mucho más explícito. En el neoliberalismo,
el ciudadano portador de derechos está siendo reemplazado por el
ciudadano consumidor. (Después del paso del huracán Katrina se hizo evidente
que el único sujeto legítimamente acreedor a la protección del estado
en Estados Unidos era quien pudiera conducir un vehículo que lo sacara de
Nueva Orléans; los demás, los pobres y los afroamericanos, fueron ignorados
en el mejor de los casos o, en el peor, sometidos a una represión estilo
Faluya.) Cada vez más, la posibilidad de disfrutar de derechos legales en
relación con la propia familia es algo que cada quien debe comprar; de lo
contrario, se hará crecientemente vulnerable al hostigamiento gubernamental.
Lo que está ocurriendo con los beneficiarios de la ayuda estatal destinada
al bienestar infantil en Estados Unidos, no es sólo que a las criaturas se
58 fronteras norte/sur
les están negando recursos a los que tienen derecho, sino también que los
trabajadores y trabajadoras sociales están instigando abiertamente a quienes
cuidan de niños a no formalizar su relación con ellos, aunque eso signifique
que pueda impedírseles inscribirlos en la escuela u obtener atención
médica. El mensaje es, en efecto, que independientemente de lo que hagan,
sus familias siempre serán ilegítimas a los ojos del estado. Aparentemente,
quienes se encargan de la crianza de niños concluyen, con razón, que emprender
trámites para hacerse cargo de una criatura es una incitación al
escrutinio gubernamental indeseable y potencialmente coercitivo.
Entre las clases populares, las familias informalmente constituidas no
tienen capacidad de privatizar nada, ni en México ni en Estados Unidos. Si
sus niños carecen de atención o viven en la calle, si cría a una criatura sin
acta de nacimiento que le entregó otra mujer en condiciones aún más desesperadas
que las suyas, cualquier mujer es vulnerable a la intervención gubernamental.
He aquí la segunda parte de la historia del pequeño Marcos
y María de la Luz: un día, la policía de Tijuana llamó a la puerta de la casa
de la mujer, la acusó de haberse robado al niño, la encerró en la cárcel, la
torturó y se llevó a sus nueve hijos. En ausencia de una relación legal entre el
“padre” o la “madre” y la criatura, no hay espacio en el que el estado no
pueda inmiscuirse. Pero las familias de las elites y de las clases medias pueden
producir (crear) lo “privado” exactamente como lo hace el mercado:
comprándolo. Esto tiene claras implicaciones para la adopción, tanto en su
modalidad formal y burocrática como en la encubierta y forzada. Si se puede
“comprar” el derecho a la privacidad de la familia y una adopción legal,
se puede comprar una criatura.
¿Robo de órganos?
Esto nos lleva a la tercera categoría de la adopción, la forzada y encubierta.
La pérdida forzada de los hijos puede asumir diversas formas, entre ellas la
manipulación de la necesidad económica y el recurso a variantes de la adopción
“legal”. Oficialmente, en México no existen la adopción forzada, los
“robachicos” ni el secuestro de niños. Sin embargo, los periódicos de ambos
lados de la frontera dan testimonio de su existencia. En 1979, por ejemplo,
una mujer de Tijuana sostenía que su hija fue secuestrada en un hospital
con un acta de nacimiento a nombre de una pareja estadounidense de
California. Es posible que se tratara de una adopción previamente pactada
y que la madre biológica hubiera cambiado de opinión posteriormente. El
hecho es que los tribunales mexicanos dieron la razón jurídica a la madre
Laura Briggs 59
biológica, pero los de Estados Unidos —como lo harían frecuentemente en
el futuro— se negaron a hacer cumplir la resolución de los jueces mexicanos,
y la pareja de California conservó a la criatura (Campbell 1979, 1980:
Campbell y Hernández 1979). A partir de esa fecha, los casos documentados
se vuelven menos personales. En 1990, Eusebio Zavala Milinia fue arrestado
por policías federales por haber tratado de sustraer de Michoacán a
cinco niños de entre cinco y once años de edad para venderlos en Texas
(Moraflores 1990: 4). Ese mismo año, Noemí Castellanos Benítez, una enfermera
que trabajaba en una maternidad de Guadalajara, fue arrestada por la
policía por haber intentado robar a un recién nacido; se le acusó de formar
parte de una banda que vendía criaturas en Nueva Jersey (Martín Medem
1994). Un abogado, José Luis Martínez Escanamé, fue sentenciado a cinco y
medio años de cárcel por tramitar adopciones ilegales de niños mexicanos
en Europa y Estados Unidos (García 1990). En junio de 1992, las autoridades
descubrieron una banda encabezada por dos abogados, Jesús Espinoza
Mandujano y Arturo Soler Alí, dedicada a promover adopciones ilegales.
La banda operaba entre Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vendiendo
niños por $10 000 USD a parejas de Canadá y Estados Unidos. En Ciudad
Juárez se descubrió otra red, dirigida por Próspero Arzola, que “exhibía”
ante parejas de Estados Unidos a criaturas de entre tres meses y seis años de
edad, y se las ofrecía en venta a diferentes precios (Mergier 1992). En 1993,
en la Ciudad de México, una niña de doce años de edad le fue devuelta a su
madre. La pequeña había sido secuestrada diez años antes en un mercado
donde su madre trabajaba como comerciante ambulante, y había sido vendida
a una pareja de Michoacán en $500 000 pesos (Veledíaz 1993). En
1999, el abogado Mario Reyes fue arrestado en Douglas, Arizona, y procesado
en Nueva York por haber tramitado la adopción ilegal de una docena de
criaturas, si bien las autoridades mexicanas afirmaban que la cifra real era
cercana a los 500 niños (Allen 1999; Cason y Brooks 1999; García 1999;
Halbfinger 1999; Kruchkow 2001, 2002; MacCormack 2000; Ortiz 2000;
Thompson 1999). Muchos otros casos han sido bien documentados a lo
largo del periodo (Díaz 1994; Martín Medem 1994: 54; MacCormack 2000).
Una idea de las dimensiones que puede tener el contrabando de niños
de México hacia Estados Unidos es la que da un comentario de Roger Morin,
director del puerto de entrada del Servicio Nacional de Inmigración de Eagle
Pass, sobre lo que su personal advierte entre los 100 000 automóviles que
cruzan diariamente por ahí, y de los cuales muy pocos son detenidos. “Hemos
estado encontrando a dos o tres menores por día”, afirma Morin, quien,
60 fronteras norte/sur
sin embargo, advierte: “Es posible que en algunos casos el esposo se encuentre
ya ilegalmente en Estados Unidos y que la esposa y los hijos estén
tratando de reunirse con él; desde luego, la señora evita cruzar a nado el río
(con las criaturas) porque es peligroso” (MacCormack 2000). Quienes recorremos
las rutas de los migrantes en Arizona sabemos algo aún más escalofriante:
entre las pilas de basura que deja la gente que cruza el desierto,
siempre hay carriolas de bebé. La mayoría de las criaturas cruza la frontera
con Estados Unidos para reunirse con sus padres o parientes; sin embargo,
el hecho de que exista un tránsito cotidiano tan intenso de criaturas de
México hacia Estados Unidos permite imaginar qué fácil debe ser un tráfico
de niños menos inocente, de carácter comercial, y cuán absolutamente absurdas
resultan las afirmaciones del Departamento de Estado según las
cuales no hubo ni podría haber tráfico clandestino de niños para la adopción
ilegal.
¿Hay entonces o no tráfico de niños para obtener sus órganos? Como ya
dije, durante la década de 1990 esa historia se repitió una y otra vez. Alcanzó
su punto culminante en 1994 cuando una mujer estadounidense, una
“internacionalista” de Alaska llamada June Weinstock que fue a Chiapas a
ofrecer apoyo al movimiento zapatista, hizo un viaje trágico a Guatemala
durante la Semana Santa. De visita en un pueblo pequeño, Weinstock se
convirtió en blanco de una turba cuando una criatura desapareció por un
momento. La mujer fue golpeada casi hasta la muerte por una multitud que
creía que ella secuestraba criaturas para obtener sus órganos. Otras dos
turistas estadounidenses fueron detenidas por turbas o por la policía ese
mismo mes, pero ninguna de ellas fue tan severamente maltratada como
Weinstock.
Es muy difícil negar contundentemente el tráfico de criaturas para el
contrabando de órganos. Por un lado, se aduce que si esa actividad estuviera
teniendo lugar realmente, dejaría más evidencias y sería posible identificar
a niños que presentaran cicatrices o suturas donde habrían estado sus
riñones, o a niños ciegos despojados de las córneas. Si estuvieran siendo
asesinados para extraer sus corazones y pulmones, habría cadáveres. Sin
embargo, por otro lado, hay informes periodísticos sobre el secuestro de
muchas criaturas y sobre la venta de algunas de ellas. Sabemos que muchos
niños de la calle desaparecen, y no hay muchas razones para creer que la
policía estaría dispuesta a evitar que fuesen secuestrados. Se dice que en
Ciudad Juárez y Tijuana hay diecisiete clínicas privadas que practican
transplantes de órganos, y que la mayoría de sus clientes son extranjeros. Se
Laura Briggs 61
sabe que existe tráfico de órganos de personas adultas y que un importante
nexo en este intercambio es India, donde la venta de riñones es legal. Antes
de 1984, también era legal vender y comprar órganos en Estados Unidos y
hasta 1988 era legal comprar y vender tejido fetal. Como ha demostrado el
movimiento social contra los feminicidios, es posible asesinar mujeres impunemente,
y parece igualmente posible e incluso probable que se asesine a
criaturas, especialmente las traídas de otros lugares, sin que los casos se
investiguen o documenten. Simplemente, no sabemos.
Pero aquí surge un aspecto fascinante del problema. Cuando comencé a
decir a colegas e intelectuales que pensaba que los rumores podían ser verídicos,
recibía respuestas ásperas; la gente pensaba que yo estaba completamente
trastornada. Nancy Scheper-Hughes refiere algo semejante: la gente
le decía que estaba demasiado apegada a sus pobres informantes analfabetos.
Sin embargo, cuando se examinan con atención los desmentidos del
Departamento de Estado de Estados Unidos o del gobierno mexicano, se
observa que los funcionarios no aportan evidencia alguna. Afirman que el
contrabando de órganos de menores es imposible porque en Estados Unidos
hay registros de donadores y receptores. También es cierto, para el caso,
que existen leyes contra el consumo de drogas en aquel país, pero nadie
supone que eso signifique que el consumo sea inexistente. La estructura de
las negaciones no toma en serio el problema. Nunca se ha hecho una investigación
profunda de las clínicas de la frontera que incluya un análisis de
los registros médicos, una revisión siquiera superficial de, digamos, los expedientes
médicos de los pacientes que esperan órganos en California, ni
una investigación confidencial de las operaciones de esta red criminal
transnacional. En lugar de ello, los funcionarios insinúan que las clases
populares son demasiado excitables e ignorantes (Leventhal 1994). Algunos
periodistas reproducen la lógica de ese tipo de explicaciones refiriéndose
al atraso de América Latina o al “realismo mágico alucinado”. Y ciertos
intelectuales aceptan los desmentidos con excesiva precipitación, ya que
apelan al ridículo más que a evidencias o investigaciones.
Yo creo que el hecho de que a nadie le importen las evidencias en estos
casos significa que estamos en presencia de creencias profundamente arraigadas
sobre el funcionamiento del mundo —de leyendas urbanas producidas
por funcionarios e intelectuales—. La gente racional, de clase media,
sabe que se necesita estar completamente paranoico y creer en vampiros para
imaginar que el propio hijo o hija pueda ser raptado para extraerle los órganos.
Estamos dispuestos a dejarnos tranquilizar por la idea de que las cla62
fronteras norte/sur
ses populares no siempre son muy racionales y de que son susceptibles a las
historias de monstruos. Esta estructura de explicación nos resulta sensata.
Las criaturas no desaparecen así como así; el secuestro genera noticias y
atención, pero no necesariamente arrestos ni procesos judiciales.
Pero la gente de las clases trabajadoras, la gente pobre, tiene otras experiencias.
Las criaturas sí desaparecen repentinamente. Si una mujer deja a
sus hijos solos todo el día para poder llevar comida a la mesa, reza para que
todos sigan vivos a su regreso. Las criaturas mueren de desnutrición y de
enfermedades que pueden tratarse o huyen a las calles y nunca vuelve a
saberse de ellas. El gobierno se las lleva sin razón alguna. Las llamadas
“guerras sucias” en América Latina hicieron de los jóvenes de esas clases
sociales un blanco de la desaparición. Y, como nos recuerdan diversas organizaciones
políticas, desde las Abuelas de la Plaza de Mayo, de Argentina,
hasta las Asociaciones Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante
la guerra civil, de El Salvador y Guatemala, el estado también hizo de
niños y bebés objeto del terror y las desapariciones, secuestrándolos y colocándolos
en familias adoptivas en América Latina, Europa y Estados Unidos.
Puesto que los gobiernos empleaban la desinformación como táctica de
terror —“¿Cómo que vio usted a miembros del ejército arrestar a su hijo? No
tenemos registro de eso…”—, la gente de las clases populares aprendió a
reconocer la falta de sentido en las estructuras de negación de la desaparición
de criaturas.6 En 1990, a pesar de que era ya evidente la alarmante
dimensión del secuestro de niños en Argentina por parte de la junta militar
que gobernó durante la guerra sucia, Félix Catarovitch, del Ministerio de
Salud en Buenos Aires, se quejaba en una publicación:
Entre 1984 y 1987 circuló en Argentina un persistente rumor sobre el secuestro de
niños. Era un rumor sumamente inoportuno debido a su persistencia. Era sostenido
por la prensa amarillista, que siempre ha sido una poderosa arma para atraer
la atención de la gente sobre el asunto. En noviembre de 1987, el Ministro de Salud
reunió a las principales autoridades de justicia, policía, asociaciones médicas y
también a integrantes del parlamento, con el propósito de establecer la verdad.
Como resultado se declaró que todos esos rumores y comentarios de la prensa
eran completamente espurios (Scheper-Hughes 2000).
6 Para un elocuente relato de este fenómeno, véase el texto de Elena Poniatowska, “Los
desaparecidos políticos”, en Poniatowska 1983: 138-80.
Laura Briggs 63
Este modo de negar lo que todo el mundo sabe, destroza la credibilidad
de cualquier gobierno. Hay quienes aducen que, en efecto, los periodos de
guerra civil son terribles y aberrantes, pero que el secuestro de criaturas y su
colocación mediante la adopción en aquella época no tiene relación alguna
con la adopción en nuestros días. Nancy Scheper-Hughes argumenta, a mi
juicio convincentemente, lo contrario:
¿Y si las desapariciones, los rimeros de cadáveres de civiles en sepulturas comunes,
el anonimato y la transformación de la violencia y la indiferencia en rutina no
fuesen, en realidad, una aberración? ¿Y si el espacio social antes y después de
actos aparentemente caóticos e inexplicables estuviera lleno de rumores y susurros,
de insinuaciones y excusas sobre lo que pudiera ocurrir sobre todo a quienes
no eran considerados por los agentes del consenso social como personas o individuos?
¿Y si un clima perturbador de inseguridad ontológica respecto del derecho
a la propiedad del propio cuerpo estuviese siendo alimentado por una estudiada
indiferencia burocrática hacia la vida y la muerte de los “marginales”, los criminales
y otros seres insignificantes? ¿Y si las mortificaciones y pequeñas abominaciones
cotidianas convertidas en rutina pública, apilándose como tantos cadáveres
en el paisaje social, hubieran suministrado el guión, el programa de lo que más
tarde se presentaría en forma de estallidos aberrantes, inexplicables y extraordinarios
de violencia estatal contra los ciudadanos? (Scheper-Hughes 1992: 219-20).
Una de las modalidades en las que las mortificaciones cotidianas transformadas
en rutina afectan especialmente a las mujeres pobres, es el menosprecio
a su condición de madres, el desconocimiento de lo que ellas saben,
creen y desean para sus hijos, particularmente en sus interacciones con el
estado. Y una de las formas de la violencia estatal rutinaria contra las madres
es la sustracción de sus hijos. La Fundación Internacional de Niños
Robados y Desaparecidos, de la Ciudad de México, que es ahora un exitoso
grupo de búsqueda, fue fundada por dos madres a quienes la policía les dijo
que estaban locas, histéricas, que sus hijas no podían haber sido secuestradas
porque ese tipo de cosas no sucede (Cobián 2002). De hecho, una de las
cosas que más sorprende al leer las noticias periodísticas es que eso es
precisamente lo que siempre aduce la policía: no ocurrió, ese tipo de cosas
no ocurre. Pero, desde luego, ocurre.
Estos problemas en torno a la adopción nos obligan a considerar la
coexistencia de dos posmodernidades, dos racionalidades, dos economías
y dos tipos de vida de mujeres y niños. Se trata del fenómeno de la familia
neoliberal. Hay, por un lado, familias ricas y de clase media que luchan por
protegerse acogiéndose al derecho a la privacidad familiar y a no ser molestadas,
derecho que tienen que comprar como lo hacen los ciudadanos-consumidores.
Por el otro lado, se encuentran las familias de las clases populares,
que están expuestas a todo tipo de abusos del gobierno y otros agentes, y que
64 fronteras norte/sur
sufren un alto riesgo de perder a sus hijos e hijas. Las familias homoparentales,
por su parte, son como canarios en una mina de carbón: una de las
entidades más vulnerables en cualquier clase social y, por lo mismo, aquéllas
a las que debemos prestar atención si deseamos entender los problemas
y las luchas de esa clase. Las personas homosexuales de las clases medias y
altas se esfuerzan por protegerse del estado luchando políticamente a favor
del matrimonio homosexual, por una parte y, por la otra, disponiéndose a
pagar por lo que no pueden conseguir en la esfera política: la posibilidad de
adoptar. Puesto que, independientemente de su identidad sexual, casi nadie
parece satisfacer las condiciones de la familia ideal (aquélla en la que la
madre permanece en casa y no trabaja, los hijos e hijas son saludables,
felices y brillan de limpios, no hay enfermedad mental ni alcoholismo, la
familia acude a la iglesia correcta, tiene perro y una linda casa), gran cantidad
de personas ricas y de clase media se muestra dispuesta a comprar la
exención de los problemas que plantea la burocracia a la adopción formal,
burocracia que es tan lenta como hostil frente a toda forma de “desviación”
evidente respecto de una norma sumamente restrictiva. Este comportamiento
tiene sentido si se consideran los precios de otros bienes en la lista de
compras de los padres de clase media: escuelas privadas, atención médica,
acceso a tecnologías reproductivas cuando se elige una alternativa distinta
a la adopción. Cada vez resulta más difícil distinguir la adopción formal,
burocrática, de la adopción encubierta y forzada, porque ambos sistemas
dependen de la comercialización de las criaturas. Personas que no son particularmente
adineradas, sobre todo ciudadanos de Estados Unidos, Canadá
y Europa, están pagando $30 000 USD por adoptar a una criatura
proveniente, especialmente, de América Latina.
Quienes se oponen a las adopciones transnacionales aducen que el
problema reside en que los estadounidenses ricos creen que las criaturas
se pueden comprar. Yo creo que esta opinión no es del todo correcta. Lo
que se observa es, más bien, un continuum que va desde los arrogantes que
satisfacen los requisitos para adoptar y creen tener “derecho” a hacerlo,
hasta quienes piensan que están “ayudando” y “salvando” a las criaturas.
Algunas de estas últimas personas experimentan reparos para someterse
a las fuerzas del mercado, las cuales les parecen censurables, pero
entienden que es imposible resistírseles si se desea adoptar. El verdadero
problema estriba en que algunas mujeres pueden adoptar, especialmente
a criaturas muy pequeñas, porque otras mujeres las pierden. Aunque las
feministas sabemos mejor que nadie que no todo embarazo o criatura es
Laura Briggs 65
deseado, y que imaginar lo contrario es sentimentalismo puro, debe reconocerse
también que muchas mujeres que sí desean a sus hijas e hijos y que
podrían haberlos criado, los pierden por el hecho de ser pobres. Mucha
gente —entre otros, algunos abogados privados, trabajadores sociales, funcionarios
del gobierno— piensa que las mujeres pobres, por el hecho de
serlo, no deberían retener a sus hijos e hijas, y que está en el interés primordial
de las criaturas ser adoptadas. Perversamente, algunos traficantes de
niños parecen creer lo mismo, puesto que declaran una y otra vez ante los
jueces que su intención es proporcionar a las criaturas una vida mejor
(Sevilla e Ingley 1999: B1).
En suma, volviendo a los dos tipos de narrativa de los que partí, es
necesario contrastar el movimiento político que busca limitar la adopción
transnacional (entendida como una forma de explotación basada en la pobreza
y la vulnerabilidad) con la lucha por ampliar la definición de lo que
constituye una “buena” familia. La adopción no es un derecho, aunque
pueda responder a un deseo sincero. Pero los aparatos burocráticos del
estado han restringido la adopción a quienes parecen cumplir más claramente
los requisitos de una fantasía muy conservadora sobre la familia.
Algunos empresarios que operan dentro y fuera del marco de la ley
reaccionan frente a la privatización y la globalización de las funciones gubernamentales
despojando a la burocracia del papel que desempeñaba al
poner la adopción a disposición de quien pueda pagar por ella. Como cualquier
otro fenómeno de la globalización neoliberal, esto tiene consecuencias
previsibles: los negocios —en este caso, los abogados— hacen mucho dinero;
bienes que no deberían ser comercializados —en este caso, los niños— lo
son. Éste es el origen de un sombrío mundo clandestino de bandas criminales
y de mafias transnacionales que amasan más dinero aún y en el que la
gente pobre es la que pierde.
Ante esto, ¿qué podemos decir las feministas? Es necesario sacar la
adopción de la esfera de la comercialización y someterla a una vigilancia
eficaz y significativa. La adopción es buena y no hay nada intrínsecamente
malo en la adopción transnacional. Si lo pensamos bien, no hay aspectos de
nuestra vida que no sean transnacionales. Sin embargo, las criaturas disponibles
para la adopción son, y deberían ser, escasas. No podemos obligar a
las personas pobres a renunciar a sus criaturas por el hecho de ser pobres ni
sobornarlas para que lo hagan. Tampoco debemos permitir que el dinero
sea el árbitro que decide quién puede adoptar y quién no. Algunas personas
que desean adoptar tendrán que esperar largo tiempo. Otras podrían no
66 fronteras norte/sur
lograrlo. Eso puede ser un triste acontecimiento en la vida de las personas
individuales, pero no es una tragedia. Ser madre no debe ni puede constituir
el único criterio para establecer el valor de una mujer·
Traducción: Gloria Elena Bernal
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